El Supremo da el visto bueno a la rebaja fiscal de Mérida a la azucarera
Esas ayudas están en suspenso ante la paralización de la inversión, pero podrían recuperarse si se reactiva la tramitación
El Tribunal Supremo da la razón al Ayuntamiento de Mérida y considera legales las rebajas fiscales concedidas por el consistorio emeritense al proyecto de construcción de una planta azucarera en la ciudad. Esas ayudas están en suspenso ante la paralización de la inversión, pero podrían recuperarse si se reactiva la tramitación.
El Ayuntamiento de Mérida aprobó en 2017 las modificaciones de las ordenanzas reguladoras del impuesto de construcciones, el IBI y el IAE para incluir bonificaciones de hasta el 95% a proyectos declarados de especial interés. El objetivo era facilitar la llegada de empresas como Al Khaleej Sugar, promotora de la nueva azucarera.
La empresa AB AzucareraIberia denunció este acuerdo al estimar que un consistorio sujeto a un plan de ajuste, como era el caso, no puede aprobar una rebaja de ingresos. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura rechazó sus pretensiones al considerar que precisamente con este tipo de proyectos se pretende dinamizar la economía.
Error de planteamiento
Azucarera Iberia recurrió ante el Tribunal Supremo, que en una sentencia del pasado día 11 vuelve a dar la razón a Mérida. En concreto, expone que se debería analizar si las modificaciones aprobadas están dentro del marco que permite la Ley de Haciendas Locales. Sin embargo, señala que la argumentación del recurso se centra en si es posible aplicar las bonificaciones.
«El debate entre las partes tendría sentido, mucho sentido, si se estuviera recurriendo una declaración del Pleno de la corporación municipal emeritense concediendo a un determinado sujeto pasivo todas o algunas de las bonificaciones que nos ocupan, pero no es así o, al menos, no es ese el objeto del presente recurso», recoge el fallo.
Por ese motivo, no entra a valorar las alegaciones de Azucarera Iberia «puesto que no se corresponden con el objeto del presente recurso de casación y declararemos no haber lugar al mismo puesto que en el marco del mismo la parte recurrente no ha demostrado que la aprobación de las ordenanzas no sea conforme a derecho», añade.
