Los promotores de la azucarera piden una rebaja de tres impuestos municipales

A propuesta de la delegación de Urbanismo, la junta de gobierno local dio ayer cuenta de la modificación del proyecto de reparcelación del Proyecto de Interés Regional (PIR), Parque Industrial Sur de Extremadura Expacio Mérida, promovido por la Sociedad de Fomento Extremeño de Infraestructuras Industriales SAU.

Se hace para acceder a una de las peticiones que ha hecho la empresa azucarera que baraja instalarse en el término municipal de Mérida.

Este es un paso más dentro del proceso administrativo que hay que cumplir para que este proyecto se haga realidad.

El modificado consiste principalmente en agrupar varios solares en cuatro grandes parcelas para adaptarse a las necesidades de la azucarera. Los cambios en la localización de algunas parcelas con determinados usos, así como la reasignación de las dotaciones de suministros según la nueva reordenación, tendrían como resultado una incidencia ambiental, si cabe, aún menor que la del proyecto original.

La portavoz municipal, Carmen Yáñez, indica a este respecto que desde la delegación de Urbanismo «no se contempla ninguna alegación».

En la actualidad, prosigue Yáñez, se llevan a cabo todos los trámites para que, siempre que sea posible y la empresa lo considere, la azucarera se instale en Mérida. «Paralelamente a los trámites que llevan a cabo la Junta y el Ayuntamiento, el equipo de gobierno sigue haciendo los suyos».

En este sentido, recuerda que hoy mismo se celebra una junta de portavoces en la que se informará al resto de los partidos políticos de la corporación municipal y a los concejales no adscritos, además de a los técnicos municipales, de cuál es la propuesta por parte de la empresa en cuanto a trámites que se tienen que llevar a cabo desde el Ayuntamiento para adaptarlos a la solicitud de la misma.

La portavoz municipal también asegura que hasta que no finalicen los trámites del periodo de exposición pública, en el que se tendrán que resolver las alegaciones que se presenten, favorable o negativamente, la junta no podrá proseguir con el proceso.

Asimismo afirma que actualmente también se redactan los informes pertinentes para ver la posibilidad de que lo que solicita la empresa, que es la modificación de algunas de las ordenanzas, pueda llevarse a cabo.

Yáñez indica que las ordenanzas que se tendrían que modificar son la del Impuesto de Construcciones, conocida por el ICIO, el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto de Actividades Económicas (IAE).

IU adelanta su postura ante la instalación de la empresa en la ciudad. Afirma que lo que esta pretende «es quedar prácticamente exenta del pago de la mayor parte de los impuestos municipales durante los próximos siete años. Señala que esto resulta excesivo e insta a los grupos municipales a elaborar una propuesta conjunta.

Indica que la oferta inicial que los promotores de la empresa han hecho llegar a los responsables municipales supone una reducción del 95% en el pago de diferentes impuestos como el IBI, el IAE y el ICIO, durante un periodo de siete años. «Esto supone que el Ayuntamiento dejaría de ingresar decenas de millones de euros en los próximos años», asegura el concejal Álvaro Vázquez.

Y añade que la empresa ha llegado incluso a solicitar bonificaciones en el pago de las licencias urbanísticas, «un extremo que contraviene la legislación vigente y que los servicios municipales, y el propio equipo de gobierno, ha negado a la empresa».

Para finalizar, el concejal de IU indica que la contrapartida que se le exige a la empresa es el mantenimiento de 100 empleos directos de promedio anual durante el tiempo en el que estas bonificaciones estuvieran vigentes. «Se nos antoja insuficiente, sobre todo si tenemos en consideración los riesgos y perjuicios medioambientales que implica la instalación de una industria de estas dimensiones, apenas a 5 kilómetros de una ciudad dedicada esencialmente al turismo».