Juzgan en Mérida a una veterinaria y once cazadores por sacrificar animales sanos
«La llevé a Sole, la veterinaria del pueblo y le dije que la perra no me vale, y me dijo: si no te vale, se le pone una inyección, se le da de baja y ya está», contó a los agentes el dueño del primer can hallado muerto
Macrojuicio en Mérida. El Juzgado de lo Penal nº1 de Mérida inicia este lunes el juicio a una veterinaria y 11 cazadores acusados de sacrificar ... a perros sanos entre 2017 y 2019, en concreto animales de caza como galgos, podencos y mestizos.
La Fiscalía pide una condena de 39 delitos de maltrato animal, uno por perro sacrificado, con una pena de 15 meses de cárcel y dos años y medio de inhabilitación por cada uno. A esto hay que sumar un delito de falsedad documental, por el que reclama dos años y ocho meses de cárcel y una multa de 4.500 euros. Para los cazadores se solicita condena de 15 meses por perro sacrificado como inductores de delitos de maltrato animal.
El juicio se extenderá durante cinco días. Según la protectora de animales El Refugio de Madrid, una de las acusaciones particulares del caso, fueron 41 los animales a los que, supuestamente, se les aplicó la eutanasia sin motivo.
Los hechos se remontan tres años atrás, concretamente al 25 de agosto de 2019. Agentes del Seprona de Ribera del Fresno hallaron el cadáver de un perro de raza galgo en un aujero en el terreno, junto a restos óseos y un cuchillo. El animal tenía microchip y pudo ser identificado. Se trataba de una perra llamada 'Borrasca', que tenía tres años de edad y estaba destinada a la caza.
El Servicio de Protección de la Naturaleza interroga al propietario del animal, que asegura que «la llevé a Sole, la veterinaria del pueblo y le dije que la perra no me vale, y me dijo: si no te vale, se le pone una inyección, se le da de baja y ya está», contó a los agentes. «Después de sacrificarla la llevé a San Isidro y la enterré. Y después de enterrarla le puse dos ruedas encima», añadió.
El Seprona comienza una labor de investigación y constata que a lo largo de tres años (2017, 2018 y 1029), esta veterinaria había dado de baja a 166 perros. Los agentes obtuvieron serios indicios de que decenas de esos animales respondían a la misma práctica que la mujer llevó a cabo con 'Borrasca'.
La investigación prosigue y obtienen indicios de que once cazadores de la comarca de Barros tenían como práctica habitual «deshacerse de los perros que utilizaban para cazar cuando estimaban que nos les servían». Para ello, contactaba con la veterinaria acusada, que presuntamente ejecutaba los sacrificios tnto en su centro veterinario como en instalaciones de los propietarios de los animales dentro de la comarca.
Su tarifa oscilaba entre los 10 y los 15 euros, cantidad inferior al precio estipulado en cualquier otro centro veterinario por una eutanasia y que suele rondar los 40 euros. Además, solicitaba la baja del animal al Registro de Identificacion de Animales de Compañía, RIAC, aduciendo como causa del fallecimiento motivos falsos como enfemedad o accidentes.
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