Una vuelta de tuerca a la deuda histórica

El Estatuto de Extremadura, de 1983, definió por primera vez lo que se dio a conocer como deuda histórica. El texto estableció que mientras las «circunstancias socioeconómicas» de la región impidieran la prestación de «un nivel mínimo» en los servicios públicos, los Presupuestos del Estado debían incluir «como fuentes excepcionales de financiación» unas asignaciones complementarias destinadas a garantizar al menos el nivel medio del territorio nacional.

Esta disposición se vincula a lo que planteó la Ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas (Lofca) en 1980, en la que se indicó que el Estado debe garantizar en todo el territorio un nivel mínimo de los servicios públicos fundamentales de su competencia, en aquel momento educación, sanidad y servicios sociales esenciales. Y todo emana de la Constitución, que indica que en los Presupuestos del Estado podrá establecerse una asignación a las comunidades autónomas para asegurar un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales.

Asimismo, «con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad», la Carta Magna creó el Fondo de Compensación para financiar gastos de inversión.

En resumen, el concepto de deuda histórica nace ligado al principio de solidaridad y a la necesidad de garantizar un nivel mínimo en los servicios públicos a través del sistema de financiación, pero también hace referencia a unas asignaciones complementarias para inversiones.

Con estos principios, la Junta acordó por primera vez una cantidad con cargo a la deuda histórica en 1996, bajo la presidencia de Juan Carlos Rodríguez Ibarra y con José María Aznar en la Moncloa. El Gobierno aportó 5.000 millones de pesetas (30 millones de euros) en concepto de anticipo de una cifra que quedaba pendiente de negociación y para la que se planteó una posible metodología para determinar su alcance. Una solución similar se alcanzó con Andalucía, otra comunidad a la que se reconocían unas circunstancias excepcionales.

Ese pago parecía abrir la puerta al cobro de la deuda histórica, pero en los años siguientes no se produjo ningún avance y la cuestión se hizo recurrente en la actualidad regional y las relaciones entre la Junta y el Gobierno. Más aún tras el acuerdo definitivo que se alcanzó en 2009 con Andalucía por algo más de 1.200 millones de euros.

Hasta la reforma del Estatuto de Autonomía que tuvo lugar en 2011. Este texto dio un paso más en el concepto de deuda histórica. Partiendo de las asignaciones complementarias establecidas en 1983, añadió que en un plazo de dieciocho meses se debía fijar la cantidad a abonar y que el pago se liquidaría en tres años. Y durante ese proceso se permitía aportar anticipos a cuenta de una resolución definitiva.

Junto a esto, el nuevo Estatuto de Autonomía añadió una disposición sobre «inversiones complementarias» que debía realizar el Gobierno por un plazo de siete años para acelerar «el proceso de convergencia de la región con el conjunto nacional» y que debían equivaler como mínimo al 1% del Producto Interior Bruto extremeño.

Es decir, en 2011 se separó de forma definitiva el concepto de deuda histórica del sistema de financiación autonómica, abandonando la idea inicial de que debía servir para asegurar un nivel medio en la prestación de servicios y centrándose en una compensación por las circunstancias socioeconómicas de la región. Y a esto se añadió el compromiso de unas inversiones más allá de las que se considerasen 'ordinarias'.

Además, el Estatuto de Autonomía no sólo mantuvo la reclamación sobre la deuda histórica, sino que dio un plazo de tres años para que se hiciera efectiva y un año y medio para cerrar el acuerdo. Tampoco entonces fue posible, pero se recibieron nuevos anticipos. En 2012 y 2013 los Presupuestos del Estado incluyeron 20 millones de euros cada ejercicio, 40 en total, para «proyectos de inversión» en Extremadura. Adelantos de un acuerdo que se esperaba de forma inminente.

Para 2014 las cuentas estatales contemplaron otros 40 millones para la región, pero en aquel año el entonces presidente extremeño, el popular José Antonio Monago, anunció el cobro definitivo de la deuda histórica. En el debate sobre el estado de la región dio a conocer un acuerdo con el Gobierno por más de 430 millones de euros a cobrar en metálico (según destacó, Andalucía recibió buena parte en propiedades) en un plazo de cuatro años.

A esa cifra había que descontarle los 70 millones recibidos como anticipo y los 40 previstos para ese año. Eso dejaba la cifra en unos 335 millones, 84 por ejercicio. Este anuncio quedó eclipsado sólo un día después, cuando Fernández Vara anunció una moción de censura que supuso su primer paso para regresar al Gobierno regional en 2015.

El acuerdo anunciado por Monago no se llegó a firmar y las cuentas estatales sólo consignaron otros 40 millones en 2015 para proyectos de inversión. A finales de ese año Fernández Vara rubricó con el ministro de Hacienda, el popular Cristóbal Montoro, un protocolo de intenciones por el cual el Gobierno se comprometía a abonar 120 millones entre 2016 y 2018 (40 por año) para actuaciones extraordinarias. Esa cantidad se consideraría un anticipo de la deuda histórica en caso de que finalmente se cerrara su pago.

En 2016 ese acuerdo no se cumplió, por lo que se esperaban 60 millones en 2017 y otros tantos en 2018. Pero en ambos casos los Presupuestos del Estado sólo consignaron 10 millones de euros. Eso elevaba a 170 los anticipos, pero dejaba en papel mojado el protocolo firmado en 2015.

Las cuentas de 2018 fueron prorrogadas en 2019 y 2020, con lo que se sumaron otros 20 millones, llegando a 190. Pero, ya con Pedro Sánchez en la Moncloa, con la pandemia de covid la deuda histórica quedó en un segundo plano. Hasta ahora, con el cambio de gobierno producido en 2023 y la llegada a la Junta de María Guardiola.

La cifra de 10.533 millones de euros que reclama la presidenta extremeña multiplica por 25 lo anunciado por Monago en 2015. En realidad su demanda va más allá de lo que tradicionalmente se ha denominado deuda histórica, puesto que también incluye las inversiones complementarias que recogió la reforma del Estatuto de Autonomía. Y a esto se suma lo que considera un agravio por las inversiones 'ordinarias' de los últimos 25 años en comparación con otros territorios y el dinero que no se ha gastado en el tren y las autovías, por ejemplo.

Si los 430 millones de Monago no se llegaron a cumplir, los 10.533 de Guardiola se antojan imposibles. Pero la intención no es sólo cuantificar el agravio a la región, con un estudio analítico riguroso, sino poner sobre la mesa que la compensación a la comunidad debe ir más allá de lo que inicialmente se consideró deuda histórica.