Vox lanza un aviso al PP al rechazar las medidas fiscales para el acceso a la vivienda

El Ejecutivo regional de María Guardiola aprobó esta norma con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda, especialmente a colectivos como los jóvenes. Para ello, amplió el alcance del tipo reducido del impuesto de transmisiones patrimoniales, que se paga con la compra de una vivienda, y suavizó los requisitos para optar a estas rebajas. Con ello se podía pasar de un 8% a un 5,6%; además de un gravamen aún más rebajado para jóvenes.

Junto a esto, creó dos nuevas deducciones en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, una para incentivar la salida al mercado de pisos vacíos y otra para promover la rehabilitación en zonas rurales con destino al arrendamiento. El impacto de esta norma está estimado en poco más de 6 millones de euros, pero su alcance es mayor, como señaló en el pleno de este jueves la consejera de Hacienda, Elena Manzano, ya que pretende incentivar la compra entre los jóvenes y contribuir a la bajada de precios de alquiler con la salida al mercado de propiedades en desuso.

El decreto-ley está en vigor desde el pasado 26 de octubre. Pero para que alcance plena efectividad debía recibir el visto bueno de la Asamblea de Extremadura, por lo que ayer se sometió a la consideración del Pleno. En estos casos, la norma puede superar la votación y convertirse después en proyecto de ley, lo que permite la modificación del texto mediante enmiendas de los grupos parlamentarios. Pero la oposición no dio pie a esta opción y directamente tumbó la norma con los votos de PSOE, Unidas por Extremadura y Vox, que hasta julio era socio de gobierno del PP en la región.

El rechazo se dio a conocer en el cierre del pleno de este jueves, en la votación de las iniciativas incluidas en el orden del día, que tiene lugar al término de cada sesión. Durante el debate de la norma no había quedado definida la postura de Vox, aunque su portavoz en la Asamblea, Óscar Fernández, ya había mostrado las reticencias de su grupo. De entrada, apuntó que el decreto-ley no había sido negociado ni pactado y que «el Gobierno de la mano tendida» del PP no ha llamado para pedir su apoyo.

Fernández reconoció que el pacto de investidura entre PP y Vox contemplaba una bajada fiscal generalizada, lo que incluía al impuesto de transmisiones patrimoniales. Esta medida no se impulsó durante el año de gobierno de coalición, pero ha tomado forma en el decreto-ley aprobado por el Ejecutivo regional de María Guardiola. Por ese motivo, cabía esperar el apoyo del que hasta julio fue su socio de gobierno.

Sin embargo, el portavoz deVox apuntó que la rebaja que contempla el decreto-ley «se puede quedar corta y desearíamos que fuera mucho más ambiciosa». A su juicio, los tipos tendrían que ser aún más bajos y los límites establecidos para acceder a esas bonificaciones deberían ser todavía más suaves para que tengan más alcance.

El rechazo al decreto-ley no se puede tomar como un hecho aislado, sino que guarda relación con la negociación presupuestaria y con las relaciones entre PP y Vox tras la ruptura del gobierno de coalición.

El proyecto de cuentas del próximo año se ha registrado esta semana en la Asamblea sin un acuerdo cerrado entre el PP, que no tiene la mayoría necesaria, y cualquiera de los dos grupos que le pueden dar los votos para conseguir la aprobación, PSOE y Vox.

El Gobierno regional espera recabar su apoyo, para lo que ha incluido medidas en materia de vivienda, como han pedido los socialistas. Pero en el pleno de este jueves el PSOE dejó claro que reclama actuaciones más ambiciosas, como un plan para construir viviendas a precios bajos.

En cuanto a Vox, el PP ha incidido en las políticas de conciliación y apoyo a la natalidad. Pero tras lo visto este jueves está claro que este grupo no va a apoyar iniciativas que no estén consensuadas previamente. Es más, su diputado Juan José García acusó a los populares de hacer «corta y pega» y de apropiarse de sus propuestas sin acuerdo y sin hablarlo, en este caso en materia de apoyo a las familias.

De hecho, Vox vinculó el rechazo al decreto-ley a la negociación de las cuentas de 2025. Tras el pleno, se mostró a favor de «trabajar en medidas más efectivas que podrían incluirse en los próximos presupuestos, siempre que el Gobierno regional demuestre una mayor disposición al diálogo». Entre ellas, pide una deducción en el IRPF de 1.200 euros en los rendimientos netos por alquileres y otra de hasta 9.040 euros por inversiones en rehabilitación de viviendas destinadas al alquiler. También reclama aumentar los límites de renta para acceder a un tipo reducido del 6% en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y elevar a 250.000 euros el precio máximo de la vivienda para acogerse a esta bonificación. Asimismo, reclama un tipo reducido del 6%.

En cuanto al resto de grupos, el diputado popular Hipólito Pacheco lamentó que Vox haya optado por subir los impuestos y afirmó que «estaba de acuerdo con el decreto-ley, otra cosa es que entre ellos no se enteren; Vox lo conocía y se ha mostrado favorable».

La portavoz socialista, Piedad Álvarez, apuntó que lo ocurrido «vuelve a poner de manifiesto la actitud soberbia y prepotente del Gobierno de Guardiola, traen decretos en minoría absoluta sin ser hablados ni debatidos».

Irene de Miguel, de Unidas por Extremadura, celebró el rechazo porque «ese decreto no venía a solucionar el problema de vivienda en la región, sólo beneficiaba a los rentistas y aquellos que especulan».