Varios alcaldes condenadospor hacer la vista gorda
En esta década han sido varios los alcaldes condenados por delitos urbanísticos. En la mayoría de los casos levantaban la mano para conceder licencias de obra de construcciones cuando eran conscientes de la falta de legalidad. Ediles de Losar de la Vera, Madroñera, Aliseda... La lista no es pequeña y ha crecido en los últimos años.
El que fue primer edil de Madroñera entre 1999 y 2007, Melecio Solís, fue condenado en 2016 a dos años y medio de prisión y 12 años y seis meses de inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público por permitir construir viviendas ilegales en el municipio cacereño.
Por lo penal
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42 es el número de denuncias penales que el Seprona ha tramitado desde 2015 hasta ahora por viviendas ilegales.
También en 2016 la exalcaldesa de Aliseda Claudia Moreno tuvo problemas con la justicia. Dimitió tras ser juzgada y aceptar una inhabilitación de 15 años por permitir construcciones en zonas ZEPA.
Hace más tiempo, en 2010, al que fue alcalde de Ceclavín, Pedro Martín, le condenaron a ocho años y siete meses de inhabilitación por conceder cuatro licencias de obras para construir unifamiliares contrarios a las normas urbanísticas cuando la falta de legalidad era plenamente conocida.
En otros casos han sido los propios alcaldes los que han realizado construcciones ilegales. Germán Domínguez Martín, alcalde de Losar de la Vera, que sigue siéndolo actualmente, fue condenado en 2016 a un año de prisión, pagar una multa de 4.050 euros y un año de inhabilitación por construir un chalé de tres plantas en una zona protegida, cuando la licencia concedida solo permitía una caseta de aperos.
El caso más mediático fue el de la esposa del actual presidente de la Diputación de Badajoz y alcalde de Villanueva de la Serena, Miguel Ángel Gallardo, que construyó una vivienda en una parcela junto al pantano de Orellana, en una zona de especial protección. Se trataba de una casa prefabricada que finalmente retiró.
