UGT rechaza la implantación de centros privados en la región «sin suficiente calidad»

Por este motivo, UGT ha presentado un voto particular al dictamen del pleno del Consejo Económico y Social (CES) sobre el anteproyecto de ley de reconocimiento de la Universidad Internacional privada para el Desarrollo-Uninde.

En dicho voto, el sindicato explica que Extremadura «no tiene suficiente demanda para una universidad privada de estas características y con esta oferta educativa», y prueba de ello, dice la central en nota de prensa, «es el escaso esfuerzo que hace la promotora de esta nueva universidad en acreditar la necesidad en nuestra comunidad de los títulos que oferta».

Aunque el sindicato reconoce «la legalidad del proyecto y respeta el principio de libertad de creación de centros constitucionalmente reconocido», muestra su rechazo a éste porque entiende que parte de la oferta formativa que presenta no es complementaria con la ofrecida por la Universidad de Extremadura y, por tanto, «entra en competencia con ella, lo que no va a ser beneficioso para el sistema universitario ni para el alumnado extremeño».

UGT considera que la sociedad extremeña «debe contar con una universidad pública de calidad como motor de su progreso y bienestar, que preste servicio a su avance y que, en consecuencia, reciba el apoyo que merece». Recuerda que la universidad pública «es un eje vertebrador del sistema educativo extremeño, garante de la igualdad de oportunidades y del papel de 'ascensor social' que en las últimas décadas ha supuesto el acceso del alumnado proveniente de la clase trabajadora a la enseñanza superior».

En su voto particular, el sindicato insiste en que, «basándose en la defensa de lo público», toda nueva universidad o centro universitario, ya sea público o privado, «debe reunir unos mínimos estándares de calidad». Y, en cuanto a la propuesta de Uninde, dice que «no dispone de la solidez necesaria para un proyecto universitario solvente y que esté realmente al servicio de la sociedad extremeña».

La centra se hace eco del informe desfavorable de la Conferencia General de Política Universitaria del pasado 7 de marzo de 2024, según el cual no se acredita que el proyecto cuente con los recursos suficientes ni que aporte garantías sobre su financiación. UGT comparte y valida dicho informe que señala, entre otras cuestiones, que el capital social de la entidad promotora «es insuficiente para el inicio de la actividad y como garantía a terceros frente a determinadas situaciones de riesgo».

Considera que las subsanaciones que ha hecho la promotora tras el informe desfavorable de la Conferencia «no han despejado completamente las incertidumbres, tanto formales como de contenido, que suscita este proyecto», por lo que el sindicato se opone a la autorización a Uninde ya que «los servicios públicos son los mejores garantes del cumplimiento de los cometidos de la enseñanza superior y la investigación que tienen atribuidos las universidades», concluye.