La UEx cree que el estatuto del becario pone en peligro las prácticas de los alumnos

De hecho, la UEx se ha sumado a las alegaciones hechas por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) e incluso presentó una propia cuando el texto se abrió a exposición pública. «No se adapta a la realidad de Extremadura», dice de forma tajante Rocío Blas, adjunta al rector para el vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Movilidad de la UEx.

Teme que si finalmente entra en vigor muchas empresas, sobre todo del entorno rural, podrían no acoger a estudiantes de la UEx para realizar prácticas.

El Anteproyecto de Ley del Estatuto de las Personas en Formación Práctica no Laboral en el Ámbito de la Empresa, tal y como ha denominado el Gobierno central al ya conocido estatuto del becario, determina que hay que abonar a los alumnos todos los gastos que se deriven de su actividad laboral, como el desplazamiento al lugar del trabajo, el alojamiento o la manutención.

Y es ese punto, el relacionado con dichos costes, el que más preocupación genera a la UEx. «No nos negamos a la compensación. Según el texto eso recae sobre las empresas, pero hacen una pequeña aclaración que deja la puerta abierta a que las compañías no lo abonen si existe una beca o ayuda que cubra dichos gastos, es decir, que ya no indica la entidad que se haría cargo», explica Blas. Y eso significa que la pelota podría caer sobre el tejado de la UEx.

En ese sentido, la CRUE defiende que exista un compromiso firme del sector empresarial y de las administraciones públicas para asumir los costes. «De lo contrario, se corre el riesgo de comprometer la continuidad de un modelo de prácticas formativas que ha demostrado ser esencial y exitoso para la formación de los estudiantes», advierten los rectores al tiempo que lamentan que el estatuto no haya contado con la participación de la comunidad universitaria.

La UEx ha ido más allá y ha alegado que «este texto está diseñado para universidades con un gran volumen de estudiantes en prácticas en empresas muy grandes, pero no se adapta en absoluto a la realidad territorial, empresarial y socioeconómica de Extremadura, con una gran dispersión geográfica». Blas insiste en que «esta compensación de gastos va a ir en detrimento de las prácticas en entornos rurales y esto está en contra de toda la política que estamos defendiendo en la Universidad de Extremadura». Lamenta que «muchas empresas ubicadas en zonas rurales se replantearán si acoger o no a estudiantes por el coste que les suponga, por ejemplo, el abono del transporte a los alumnos», apunta Blas.

El anteproyecto de ley permite mantener todas las prácticas universitarias y eso incluye las extracurriculares, que son las que se realizan en empresas fuera del plan de estudios. Para ello tendrán que cumplir dos condiciones: estar vinculadas a la titulación que estén cursando y durar un máximo de 480 horas.

Y esa limitación es la que también rechaza la UEx. «Usan un criterio muy restrictivo», lamenta la vicerrectora. «Además, las prácticas en los másteres se reducen a un 15% de la duración del título, así que restringen aún más el contacto con el mundo empresarial», añade.

Por tanto, si la norma sale adelante la UEx tendría que hacer cambios en su oferta de prácticas extracurriculares, pues actualmente las ofrecidas en la Universidad de Extremadura pueden durar 900 horas, es decir, el doble de lo que pretende el Gobierno.

Blas matiza que apoyan cualquier avance que refuerce la protección de los derechos de los estudiantes y también defienden algunas de las medidas contempladas en el estatuto del becario. «Hay aspectos que son muy positivos como la posibilidad de interrumpir las prácticas por enfermedad o cuidados sin que ello afecte a la evaluación, o el acceso a los mismos servicios que el personal de la empresa, además de incluirlos en el sistema de prevención de riesgos laborales», afirma la vicerrectora.

Además, recalca que la norma exige que un profesional puede supervisar a un máximo de cinco estudiantes en práctica y si una empresa tiene menos de 30 empleados solo puede acoger a tres alumnos. «Eso nos parece positivo porque garantiza una tutorización más personalizada y evita la masificación», reconoce.

El estatuto del becario sanciona a las empresas por incumplir los derechos de los alumnos con multas de hasta 225.000 euros por infracciones muy graves, que serán aquellas por circunstancias de sexo, origen -incluido el racial o étnico-, estado civil, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación sexual, adhesión o no a sindicatos y a sus acuerdos, vínculos de parentesco con otros trabajadores en la empresa o lengua dentro del Estado español, así como un trato desfavorable de los trabajadores como reacción ante una reclamación efectuada en la empresa o ante una acción administrativa o judicial destinada a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no discriminación.

Para que esta serie de limitaciones y derechos que establece la nueva norma se haga realidad, queda aún un largo y complicado camino por delante, puesto que, al tratarse de un anteproyecto de ley, comienza ahora su fase de tramitación en el Congreso, donde a día de hoy no cuenta con los apoyos necesarios para su visto bueno, por lo que podría vivirse una situación idéntica a la que sucedió con la reducción de jornada laboral.