Los trabajadores de los programas de atención a las familias: «Cobramos poco más del salario mínimo»

Según los datos que ha dado, son 101 los profesionales que trabajan en estos programas repartidos por la región para detectar y atender a menores y adolescentes en familias en situación de vulnerabilidad. «Son la primera puerta de entrada al sistema de protección de la infancia», ha resumido la diputada socialista Fátima Torrado. Durante el pasado año atendieron a 4.264 niños, trabajaron con 3.188 familias.

Sin embargo, pese a la necesaria función que realizan y los años de implantación en la región, estos programas siguen en una situación de inestabilidad continua, sin tener garantizada su continuación, con una financiación insuficiente, recursos humanos escasos y mal pagados, según ha expuesto Sonia López y han reconocido los grupos políticos en la Asamblea.

«Cobramos poco más del salario mínimo interprofesional», ha resumido la vicepresidenta de la asociación extremeña que aglutina a estos trabajadores sociales, educadores y psicólogos. «No es justo que yo acuda a un domicilio -para hacer una intervención con la familia- donde hay una persona que no trabaja pero que cobra más que yo. Hay que dignificar a quienes trabajamos en lo social, porque nuestra situación nos expone a la beneficencia». Reclaman por eso un marco de financiación estable, más aportación económica por parte de la administración y una mejora de sus condiciones laborales tanto en sueldo como en seguridad.

Piden cobrar lo mismo que sus homólogos de los servicios sociales de base, para lo que demandan que la Junta suba su aportación de los 27.800 euros anuales a los 39.300 que pone para los contratos de los empleados de los servicios de base, «porque esta disparidad salarial es inaceptable, hay profesionales de primera y segunda».

Reivindican que se garantice la continuidad de los programas a través de convenios en los que se fijen unos mínimos, para no depender de las aportaciones que puedan asumir las administraciones locales en la cofinanciación y evitar interrupciones del servicio, y que se mejore su protección y seguridad en el trabajo.

«Somos también la puerta de entrada al sistema de reforma, ponemos en conocimiento de las autoridades situaciones de violencia y, sin embargo, nuestros datos, a veces incluso nuestros domicilios, aparecen en los documentos a los que tienen acceso muchas partes. Esto nos deja en una situación de desamparo y pedimos que se garantice nuestra confidencialidad».