Sánchez, Gallardo y otros nueve imputados
Además del hermano del presidente del Gobierno y el secretario general del PSOE extremeño, hay otros políticos socialistas y trabajadores provinciales que irán a juicio por el contrato de David Sánchez en la Diputación pacense
Además de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno y ex jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz, y el ex presidente de esta institución, Miguel Ángel Gallardo, hay otras nueve personas que van a sentarse en el banquillo de los acusados por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.
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La Audiencia ha rechazado los recursos de todos los imputados y de la Fiscalía, que pedían la absolución. A continuación, aparece quiénes son los investigados y las penas que solicitan las acusaciones populares para cada uno de ellos.
David Sánchez Pérez-Castejón
El hermano del presidente del Gobierno está acusado de prevaricación y tráfico de influencias. La jueza instructora ha recopilado una decena de indicios de que la Diputación de Badajoz creó 'ad hoc' un puesto para David Azagra, luego lo modificó a su medida y posteriormente lo aumentó de rango y todo ello a pesar de su absentismo. La acusación popular unificada pide tres años de cárcel, doce años de inhabilitación para empleo o cargo público y varias multas. También pide al hermano de Pedro Sánchez que devuelva el sueldo percibido de la Diputación de Badajoz con intereses.
Miguel Ángel Gallardo Miranda
Para el expresidente de la Diputación de Badajoz y líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, se piden tres años de prisión, inhabilitación por doce y quince años y varias multas. La Audiencia indica en el auto que rechaza su absolución que firmó el nombramiento de David Sánchez.
Cristina Núñez, Elisa Moriano y Félix González
La acusación popular solicita una condena de 15 años de inhabilitación y multa de 32.400 euros para la diputada de Cultura en el momento de la convocatoria y adjudicación del puesto de trabajo a David Sánchez, Cristina Núñez, la entonces director del área de Cultura, Elisa Moriano, y Félix González, que era jefe de servicio de Gestión de Recursos Humanos, Inspección y Evaluación. Núñez y Moriano ya no están en la institución provincial.
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Juana Cinta Calderón, Emilia Parejo y Francisco Martos
Para Juana Cinta Calderón , Emilia Parejo y Francisco Martos, funcionarias de la Diputación la dos primera y exdiputado provincial el tercero, se solicita un año y seis meses de cárcel, multa del doble del beneficio obtenido por David Sánchez como jefe de la oficina de Artes Escénicas e inhabilitación por seis años.
Los tres firmaron la propuesta de modificación del puesto de trabajo de coordinador de actividades musicales, que fue el que logró en 2017, a jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la institución provincial en 2022 sin que mediara concurso público. Emilia Parejo Gala y Francisco Martos Ortiz eran directora y diputado del área de Cultura; mientras que Juana Cinta era la directora del área de Recursos Humanos. Esta es también primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Olivenza. Las dos mujeres son funcionarias de la institución, el alcalde de Castuera ya no es diputado y está fuera del organismo.
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Luis Carrero
Para el exasesor de Moncloa contratado en el organismo provincial se piden un año y seis meses de prisión, multa del doble del beneficio obtenido en su puesto, inhabilitación por seis años, prohibición de contratar con el sector público, pérdida de posibilidad de subvenciones o incentivos fiscales por ocho años y devolución del salario.
La jueza instructora, Beatriz Biedma, apunta que su contratación también pudo ser irregular dado que colaboraba con Sánchez antes de firmar el contrato, ambos hablaron por correo de su incorporación 23 días antes de la publicación de las bases y se le adjudicó un contrato de nueva creación en comisión de servicio. Se ha marchado este verano, unos meses antes de que cumpliera el contrato para incorporarse a su plaza como profesor de la Escuela de Idiomas.
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Ricardo Cabezas y Manuel Candalija
Para el actual diputado de Cultura y el director de este servicio se pide una condena de un año y seis meses de prisión, multa del doble del beneficio obtenido por Luis Carrero e inhabilitación por seis años. Los dos intervinieron en la creación de este puesto en comisión de servicio y firmaron la urgencia de su convocatoria.
Los once tendrán que sentarse en la Audiencia Provincial de Badajoz, en un juicio que se alargará varias sesiones y que se espera que pueda tener lugar durante el primer semestre de 2026. En él, los magistrados juzgarán si la Diputación amañó los puestos de trabajo para David Sánchez y Luis Carrero.
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