«Queremos que se siga cazando en Monfragüe»

A la Junta de Extremadura le ha salido un nuevo frente de oposición a su propuesta de cambiar el modelo cinegético en Monfragüe. A los cazadores y los dueños de fincas, que llevan semanas expresando su oposición, se suman ahora los alcaldes de su propio partido.

«Las decisiones precipitadas de la Consejería de Transición Ecológica y Sostenibilidad y la Dirección General de Sostenibilidad están rompiendo el consenso y la paz social», decía anteayer el PSOE de Cáceres en una nota de prensa. En ella lamentaba que se estén dando pasos «sin contar con los ayuntamientos ni las poblaciones ni tener en cuenta el impacto que las decisiones adoptadas pudieran tener en el desarrollo de los municipios».

No es habitual que un partido emita un comunicado tan abiertamente crítico con un gobierno de su mismo signo. Ha dado ese paso el PSOE de Cáceres porque el asunto genera tanta preocupación como unidad de criterio entre los alcaldes de la zona. No solo en los del PSOE, sino también en los del PP. Y porque hay cierta incomodidad con esa consejería y esa dirección general desde hace tiempo (ni la consejera ni el director general son militantes del partido). Además, este asunto de la caza en Monfragüe también ha generado tensiones entre esa consejería y la de Agricultura.

«Nuestra postura sobre la caza en el parque –expone el secretario general del PSOE cacereño– suscitó el pasado martes unanimidad entre los 28 miembros de la comisión ejecutiva provincial del partido». «Se ha creado un problema donde no lo había», resume Miguel Ángel Morales, que insiste en que el partido no hace sino recoger el sentir de sus regidores.

La Junta plantea no volver a autorizar acciones cinegéticas de control de ungulados (jabalíes y ciervos principalmente) y abatir a los animales tras atraerles a jaulas y cercones. «El plan de la Junta me parece muy mal, en mi pueblo acarrearía pérdidas económicas importantes en alojamientos, hostelería, etcétera», apunta Eugenio Trebejo, alcalde socialista de Toril. «A mi pueblo le haría polvo, y no está la situación como para regalar nada», afirma Ana Isabel Pérez, alcaldesa de Torrejón el Rubio por el PP. «Anosotros la caza nos genera mucho turismo, nos aporta beneficios en muchos sentidos, principalmente el económico, y además ya estamos viendo que en la zona de umbría hay cada vez hay más accidentes con jabalíes, animales que en muchos casos tienen tuberculosis, lo cual supone un peligro para el ganado».

En los últimos años, esta superpoblación de ciervos y jabalíes se ha venido controlando con acciones cinegéticas autorizadas por la Junta, que en el borrador de su Plan de acción para controlar la población de ungulados –que debía haber entrado en vigor como muy tarde en febrero del año 2016– recoge su intención de no volver a autorizar ninguna de estas acciones.

«La caza es una de nuestras fuentes de riqueza, aunque sea de forma puntual», resume Miguel Ángel Santos, regidor popular de Jaraicejo. «Los bares, las tiendas, los vecinos que trabajan en las cacerías... Si todo eso se reduce, sería fatal para nuestra economía, y ahora mismo, todo lo que sea quitarnos ingresos no nos lo podemos permitir».

A Fernando Grande, alcalde socialista de Mirabel, tampoco le gusta el plan de la Dirección General de Sostenibilidad. «Están tomando decisiones sin contar con los pueblos de la zona, y esto ha generado cierto malestar», añade el regidor, que cree que «el modelo cinegético de los últimos años ha funcionado relativamente bien», y aprecia «que en mayor o menor medida, la caza implica movimiento en estos pueblos y genera ingresos».

Igualmente claro es Francisco Javier Sánchez, alcalde socialista de Serradilla. «Rechazamos totalmente el plan de la Consejería», condensa el regidor. «Se propone –plantea Sánchez– cambiar un sistema eficaz, que genera un gran beneficio en el territorio y no le cuesta un duro a la Administración, por otro ineficaz, que no genera ningún beneficio en el territorio y que le cuesta dinero a las arcas públicas». «Si el plan de la Junta sale adelante, en Serradilla dejaríamos de organizar cuatro monterías privadas y otras cuatro de la sociedad local de cazadores», concreta el alcalde, que hace otra reflexión. «No podemos aprovechar nuestra biomasa, ni nuestra madera ni nuestras setas. Ya tenemos bastantes restricciones, y ahora nos quieren poner más». «El parque nacional –concluye– debe ser un motor de desarrollo y no un generador de más empobrecimiento».

Ante el comunicado emitido anteayer por el PSOE Cáceres, la Consejería de Transición Ecológica y Sostenibilidad responde que «respeta todas las opiniones» y que las novedades que plantea «se adoptan en cumplimiento de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre de Parques Nacionales, que entró en vigor el pasado 5 de diciembre». Esa ley rige en toda España, y Cantabria ya ha anunciado que se acogerá a ella para autorizar batidas de control en el parque nacional de los Picos de Europa, para controlar la superpoblación de lobos y jabalíes.