La promotora de Valdecañas no recurrirá el derribo total pero sí la Junta, que irá al Constitucional
La administración regional también pedirá al Supremo la nulidad de sus actuaciones, un recurso con pocas posibilidades de prosperar
La promotora de Marina Isla Valdecañas no recurrirá la sentencia del Tribunal Supremo que ordena la demolición total del complejo residencial y de ... ocio en vez de la parcial que decretó el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura hace dos años, cuando se decantó por derribar solo lo que se quedó a medias y respetar lo construido y en uso (185 viviendas, un hotel de cuatro estrellas, diez pistas de pádel, cinco de tenis, dos campos de fútbol, una playa artificial y una marina con 75 amarres, entre otras instalaciones). Por el contrario, sí continuará con el procedimiento la Junta de Extremadura, que confirma que recurrirá ante el Tribunal Constitucional. Antes de hacerlo, eso sí, se dirigirá al propio Tribunal Supremo, tal como marcan los tiempos procesales. Lo hará para solicitar la nulidad de las actuaciones, una petición que habrá de resolver la misma Sala de lo contencioso-administrativo que ordenó el derribo total del resort, por lo que las opciones de que prospere son reducidas.
La Junta de Extremadura está ahora preparando esa alegación ante el Supremo, y tiene hasta el día 15 de marzo para presentarla. La administración no aclara qué motivos argumentará para pedir la nulidad, pero hay que recordar que otras partes perjudicadas por la orden de derribo completo ya mencionaron en su momento la posibilidad de que dos magistrados de la Sala que dictó esa sentencia hayan incurrido en algún tipo de incompatibilidad que podía dar lugar a pedir la nulidad. El motivo era que ya habían intervenido en el proceso en instancias anteriores.
En concreto, se citaba al magistrado extremeño Wenceslao Olea Godoy y a su colega Inés Huerta Garicano. El primero formaba parte del TSJ extremeño que en el año 2011 declaró ilegal el PIR (Proyecto de Interés Regional) que permitió levantar el resort. Y la segunda estaba en la sala que estudió y decidió admitir el recurso de casación de Ecologistas en Acción que dio pie a la sentencia que ordena el derribo total. Varias fuentes judiciales creen improbable que prospere esta cuestión, en el caso de que haya sido la alegada para solicitar la nulidad. Argumentan que tanto Olea como Huerta decidieron en su momento sobre cuestiones procesales distintas a la del derribo.
Los posibles argumentos
En cualquier caso, la administración extremeña solicitará esta nulidad como paso previo a la presentación del recurso ante el Tribunal Constitucional. Pilar Blanco-Morales, vicepresidenta primera del Gobierno regional, ya afirmó tras conocerse el contenido de la sentencia del Supremo, que la Junta presentaría recurso para intentar evitar la demolición total del complejo. Entre los argumentos que la vicepresidenta citó como posible línea de defensa jurídica, mencionó el razonamiento de que si la prioridad es hacer lo menos dañino para el medioambiente, echarlo todo abajo no es la mejor opción, ya que generaría más perjuicio que la demolición parcial, apuntó Blanco-Morales.
Este recurso de la Junta da continuidad al procedimiento judicial que comenzó hace 15 años y que parecía acercarse a su final con la sentencia del TSJ extremeño de febrero de 2020 ordenando la demolición parcial ante la «imposibilidad no legal pero sí material parcial» de echar abajo todo lo construido hasta devolver el terreno al estado que tenía antes de la construcción del complejo, cuyas obras empezaron en el año 2007 y cuyas primeras viviendas se entregaron en 2011. Ahora, habrá que esperar primero a que el Supremo resuelva sobre la petición de nulidad y luego al posible recurso ante el Constitucional. Tras esas instancias, a la administración regional aún le quedaría el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para intentar que no se eche abajo todo el resort, una resolución que mayoritariamente rechazan los vecinos de El Gordo y Berrocalejo.
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