PP y Vox salvan la Ley de Concordia frente a PSOE y Unidas por Extremadura

El pleno de este jueves ha rechazado las dos enmiendas de totalidad presentadas por Unidas por Extremadura y PSOE gracias al voto en contra de los dos partidos del bloque de derechas. Desde la ruptura del Gobierno de coalición, hace casi un año, las relaciones entre PP y Vox han ido empeorando. Pero con esta norma han vuelto a unir sus fuerzas.

El resultado era el esperado y la norma continuará su tramitación en la comisión parlamentaria correspondiente. El interés estaba por tanto en conocer los argumentos de unos y otros sobre una norma que se presentaba por primera vez ante el Pleno del Parlamento regional.

Álvaro Sánchez-Ocaña, de Vox, ha afirmado que la Ley de memoria histórica de 2018 busca la división y mantener «un relato ideológico impuesto desde la izquierda». También ha asegurado que permite generar un gasto innecesario. En su lugar, la Ley de Concordia plantea una revisión del enfoque, abogando por el reconocimiento de todas las víctimas desde 1931 a la actualidad, «con independencia de su ideología». A su juicio, promueve principios como libertad, justicia, igualdad y pluralismo político, por lo que ha criticado la oposición de los diputados de PSOE y Unidas por Extremadura, a los que ha llegado a calificar de «unos miserables tanto intelectual como moralmente».

En un tono más conciliador, Laureano León, del PP, ha asegurado que la Ley de Concordia no promueve ni el olvido ni el negacionismo, sino la reparación de todas las víctimas «para avanzar en la reconciliación definitiva». Además, ha recordado que mantiene la labor de investigación y exhumación de fosas, pero con un enfoque más amplio, «para todas las víctimas». Asimismo, ha recordado que su partido se opuso tanto a la Ley de memoria histórica que se aprobó en 2018 como a la propuesta de ley de Vox para derogarla a comienzos de este año. Por ese motivo, finalmente se ha buscado un texto alternativo que permita mejorar la norma en vigor.

En cuanto a los grupos enmendantes, Unidas por Extremadura y PSOE han coincidido en criticar tanto la forma de la Ley de Concordia, por los cambios respecto al texto actual, como el fondo, ya que su redacción se enmarca en el acuerdo entre PP y Vox para la aprobación de las últimas rebajas fiscales del Gobierno regional. Como han recordado, también formó parte del pacto para la investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta, pero tras la ruptura del gobierno de coalición el Ejecutivo popular afirmó que ya no era una prioridad. De ahí que se planteen qué será lo siguiente.

Además, ambos han coincidido en señalar que la norma previsiblemente será recurrida por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional, que ya ha decretado la suspensión de las leyes de concordia aprobadas por Aragón, Cantabria y Comunidad Valenciana.

Para Nerea Fernández, de Unidas por Extremadura, la nueva norma invisibiliza las violaciones de derechos humanos del franquismo y suprime los trabajos de difusión de la memoria histórica y la labor de las asociaciones memorialistas que promueve el texto de 2018. «A quién le puede molestar una ley que lo único que hace es recuperar los restos de las víctimas para dárselos a sus familias», ha añadido. A su juicio, Vox, con el PP de cómplice, intentan «robar la memoria» a través de «una ley de la impunidad y del olvido forzado»,

Por su parte, José Ramón Bello, del PSOE, ha afirmado que la Ley de Concordia tiene un mensaje revanchista y revisionista, pasa por encima de los derechos humanos e ignora las recomendaciones de la ONU sobre la preservación de la memoria histórica. También ha criticado que se equipare el periodo de la II República con los cuarenta años de dictadura franquista, a lo que se quiere añadir a las víctimas del terrorismo de ETA, que cuentan con su propia ley de reconocimiento y reparación y que no deberían estar incluidos en el nuevo texto.