El País Vasco impulsará nuevas campañas para identificar a 120 extremeños fusilados en Orduña

Esta entidad explica que tiene como objetivo impulsar campañas con las diputaciones de Extremadura bajo «el paraguas» de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Según ha explicado a Europa Press el director de Gogora, Alberto Alonso, entre otras actuaciones, el Instituto de la Memoria del Gobierno Vasco también pretende que Orduña sea reconocida como Lugar de Memoria Democrática, señalizar con placas las obras que realizaron en el municipio los reclusos del penal que fueron sometidos a trabajos forzados, y realizar un «potente» acto de reconocimiento de las víctimas extremeñas en Castuera, desde cuya prisión fueron trasladadas hasta la cárcel vizcaína.

«El secretario de Estado (Fernando Martínez López) nos está amparando y generando el contexto para poder hacerlo», ha afirmado. Además, también cuentan con la colaboración del alcalde de Castuera, Francisco Martos, que se ha implicado especialmente en el proyecto.

La mitad de los casi 4.000 presos registrados en la Prisión Central de Orduña, que antes fue campo de concentración, procedían de Extremadura. Un total de 225 reclusos fallecieron entre 1937 y 1941 en el penal, de los que 127 eran de Extremadura (125 de Badajoz y 2 de Cáceres).

Del resto, 41 eran castellano-manchegos (34 de Ciudad Real, 4 de Toledo y 3 de Albacete), 22 fueron trasladados desde la prisión de Málaga, siete de Tarragona y los 28 restantes eran naturales de otras provincias del Estado.

Gogora cuenta con un listado con nombre, apellidos, lugar de procedencia de los fallecidos y día de su muerte, que fueron enterrados ordenadamente en fila (no en una fosa común). Pese a que los extremeños son más de la mitad de restos que se han exhumado, solo han podido identificar a siete de ellos y entregarlos a sus familias.

La mayoría de estos presos fueron trasladados desde el campo de concentración de la localidad pacense de Castuera hasta el penal vizcaíno (a más de 700 kilómetros) en trenes en los que viajaban «como ganado» y estuvieron cautivos en unas condiciones infrahumanas, tal como ha relatado Alberto Alonso.

La mayoría eran simples campesinos que en tiempos de la República «habían reivindicado el reparto de tierras». Una vez en el centro de concentración de Orduña, convertido posteriormente en prisión, estos llegaron a ser esclavizados, y murieron de hambre, frío o por enfermedades. «La alimentación que llegaba para los presos se revendía en el mercado negro para lucrarse los administradores de la cárcel», ha asegurado el director de Gogora.

Según consta en la documentación de la que se dispone, testigos del lugar dijeron que de la cárcel «salían cajas todos los días», y un inspector falangista que se trasladó a la cárcel llegó a afirmar que los prisioneros eran «muertos vivientes».

Gogora tiene previsto acometer durante 2025 la ampliación del Columbario de la Dignidad de Orduña --inaugurado el 28 de julio de 2022 y ubicado a la entrada del cementerio de la localidad --, donde se inhuman los restos de los fallecidos no identificados y los de los que sí lo han sido, pero las familias han decidido que continúen allí.

Esta actuación, en colaboración con el Ayuntamiento de Orduña, se enmarca en el Programa de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Guerra Civil del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos-Gogora.

La Sociedad de Ciencias Aranzadi, encargada de los trabajos de exhumación y antropología forense, y el laboratorio genético de la UPV/EHU Biomics es el responsable de la identificación genética a través del cotejo de las muestras de ADN.

Hasta ahora solo se han podido identificar a siete de los reclusos extremeños y su objetivo es contactar con el mayor número de familiares posibles de estos presos, de los que se conocen sus nombres, apellidos y lugar de procedencia, para que puedan donar ADN para realizar la identificación genética. «Estas personas vivieron un drama espectacular y se lo merecen. El mejor final para ellos es retornar a sus familias», ha enfatizado.

Alberto Alonso ha admitido la complejidad de la tarea, porque supondrá coordinarse con instituciones y asociaciones memorialísticas extremeñas para conseguir localizar al máximo número de descendientes de los fallecidos.

Los trabajos serán especialmente dificultosos por el tiempo transcurrido, la calidad del ADN que se pueda extraer de los restos óseos y el grado de parentesco del familiar al que se extrae el ADN, ya que son factores que determinan que se pueda llegar a la identificación genética.

Alonso ha destacado la importancia de conseguir localizar al máximo número de parientes posible. «Es complejo porque hablamos ya de nietos y sobrinos, etc, pero si se juntan, se puede completar el ADN y tener la certeza de quiénes son. Ahora podemos sospechar quién es quién porque tenemos las fechas de sus fallecimientos y se les enterraban por orden, pero queremos tener la garantía para entregar sus restos a las familias», ha añadido.

El director de Gogora ha destacado la colaboración del ayuntamiento de Orduña en los trabajos realizados y de los propios habitantes del municipio vizcaíno, que se han involucrado hasta el punto de desplazarse en vacaciones hasta Badajoz para ir, «puerta por puerta, tratando de encontrar a las familias de los fallecidos en el penal».

En un principio, el Instituto vasco de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos se centrará en realizar campañas en Extremadura, porque es de donde procedían más de la mitad de los presos muertos en esta cárcel, pero posteriormente pretenden hacerlo extensible otras comunidades como la castellano-manchega.