Los padres de los autores de las fotos responderán económicamente según el daño causado a las niñas

Según un experto en leyes consultado por HOY, el caso no puede progresar por la vía penal, pero esa responsabilidad civil tiene que ver con una culpa del progenitor de naturaleza mixta, la de 'in vigilando' e 'in educando', recogida en el artículo 1.903 del Código Civil, que habla de que los padres y tutores responden cuando el daño, aunque haya sido ocasionado directa y materialmente por el hijo o pupilo, se debe también a su cuidado y control defectuosos.

«Esto quiere decir que no solo hay que inculcar unos valores a los hijos sino vigilar su comportamiento. Y sobre el uso del móvil a edades tempranas ya hay multitud de estudios que afirman que debe estar supervisado por los progenitores», indica esta fuente jurídica.

Todo apunta a que los padres tendrán que responder económicamente por lo que han hechos sus hijos y la cantidad la determinará el daño que haya sufrido cada víctima, sin perjuicio de que las partes terminen llegando a un acuerdo.

«A las niñas probablemente las van a ver los forenses y evaluarán los efectos de cara a solicitar una indemnización, y por vía civil se la reclamarán a los padres», apunta este abogado consultado. Lo que sí precisa es que no hay caso único, sino que cada niña, así como el recorrido de su foto, es diferente.

«Por un lado, tiene que haber ese daño emocional y psicológico, pero además existe un daño moral en función de la exposición que haya sufrido, es decir, si la foto llegó también a redes sociales, a cuáles de ellas, con el fin de evaluar la difusión de esas imágenes, y también si esa niña ha sufrido señalamientos después», indica este abogado.

Hay que saber no obstante que la reclamación de una cantidad económica a esos padres tiene que hacerse en base a pruebas periciales que luego habrán de ser ratificadas por un perito judicial.

En cuanto al alcance de esas imágenes, apunta que en una investigación criminal se puede conocer todo el tráfico de 'whatsapp', incluso los mensajes borrados. Y en este punto es donde se abre otra derivada del caso, ya que si algún menor inimputable ha mandado imágenes a un mayor de edad y este, en lugar de denunciarlo, las ha reenviado puede tener un problema por la vía penal y enfrentarse a un caso de difusión de pornografía infanti, con penas de cárcel.

Por otro lado, la policía que está instruyendo el caso indicó el miércoles que la Fiscalía tendría el jueves los atestados en sus manos para empezar a trabajar a través de la Fiscalía de Menores. Esto aún no ha ocurrido y podría ser, según abogados consultados porque sigan llegando denuncias o porque en el caso de que hayan han rastreado los mensajes de móviles, el proceso lleva un tiempo y puede que la policía siga indagando quién más tiene esos fotomontajes y qué han hecho después con ellos.

Hay que conocer, concluye esta misma fuente, que en los procedimientos civiles no se tienen en cuenta atenuantes como arrepentimiento o haberse entregado a la policía.

En cualquier caso, el fiscal superior de Extremadura ya ha advertido que el caso de Almendralejo, en el que se ha usado una aplicación de inteligencia artificial para unir la cara de unas niñas –22 hasta ahora– con cuerpos desnudos, es novedoso y no tiene un encaje legal preciso. La propia Fiscalía General del Estado admite esta reflexión bajo la premisa de que los efectos causados por los adelantos tecnológicos suelen ir siempre por delante de la tipificación penal.