La Junta y los colegios de abogados asesorarán sobre okupaciones de viviendas

La Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda señala que el proyecto de cuentas del próximo año recoge dos partidas de 25.000 euros cada una para financiar los convenios con los colegios de Badajoz y Cáceres. La propuesta está muy avanzada, para lo que ya se han celebrado reuniones con los respectivos decanos.

Infraestructuras señala que se tratará de un servicio de «acompañamiento y asesoramiento jurídico gratuito para ciudadanos afectados por la ocupación ilegal de viviendas». El servicio ofrecerá atención presencial o telefónica, de lunes a viernes, en horario de mañana y tarde.

Para ello, los colegios de abogados de la región organizarán un turno especializado de profesionales en ejercicio con objeto de prestar la asistencia urgente o de primera necesidad a los afectados, «de modo que puedan tener una respuesta eficaz e inmediata que les encamine adecuadamente a la solución efectiva del conflicto».

La Consejería de Infraestructuras explica que los colegios de abogados elaborarán una guía informativa para la difusión de este servicio y para dar a conocer los problemas que genera la ocupación de viviendas.

Asimismo, señala que se creará una comisión de seguimiento entre la Junta y los colegios profesionales para evaluar el programa que se reunirá, al menos, una vez al trimestre.

Aunque la ocupación no es tan acuciante en Extremadura como en otras comunidades autónomas, la consejería destaca que «es un problema constante que afecta a la seguridad de nuestros vecinos y que degrada nuestra convivencia, con unos plazos que se dilatan en el tiempo y que sólo agudizan la indefensión y las molestias a nuestros ciudadanos». De ahí que se pretenda ofrecer una primera ayuda en la asistencia letrada a quienes ven vulnerada su propiedad.

Por ese motivo, apunta que «aunque desde la Junta de Extremadura se asistiera a una sola familia, está más que justificada la creación de un punto de atención y acompañamiento a las víctimas de la ocupación».

El consejero de Infraestructuras, Manuel Martín, anunció a comienzos de octubre en una intervención en el Parlamento regional la creación de manera inminente de «un punto de atención especializada para el asesoramiento y el acompañamiento de todas las víctimas frente a la ocupación ilegal». Esta medida ya fue recogida, con esas mismas palabras, en el acuerdo suscrito el pasado año entre PP y Vox para la investidura de María Guardiola como presidenta regional.

A finales de octubre los votos de esos dos partidos permitieron aprobar una propuesta de pronunciamiento en la Asamblea de Extremadura en la que se pide al Gobierno un Pacto de Estado por la Vivienda que contemple medidas para «poder actuar de forma eficaz contra las ocupaciones ilegales y las inquiocupaciones de vivienda». Este último término se refiere a aquellos casos en los que los inquilinos de viviendas en alquiler dejan de pagar la renta del contrato, distinto por tanto de las conocidas ocupaciones de inmuebles vacíos y que en principio no formaría parte del convenio de colaboración que se suscribirá con los colegios de abogados de la región.

Con la creación de este nuevo servicio la Junta consigue por tanto cumplir con un compromiso con Vox, a pesar de que esta formación ya no forma parte del Gobierno regional y están en plena negociación para la aprobación de las cuentas del próximo año. Pero también quiere ayudar a los propietarios de viviendas de la región ante un problema que se considera preocupante.