Díaz-Ambrona, abogado de los propietarios de Valdecañas: «La nueva ley pesará más que la sentencia del Supremo»
El letrado opina que la propuesta de ley registrada por el PSOE «es impecable» desde el punto de vista jurídico porque no ha habido daño medioambiental en la ZEPA
La propuesta de ley presentada por el Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura para la declaración expresa de 55 ZEPA por trámite de urgencia ... y que contempla, además, la legalización del complejo turístico Marina Isla de Valdecañas es, a juicio de Luis Díaz-Ambrona, letrado de los propietarios, «impecable e indiscutible» desde el punto de vista jurídico, pues «sigue el diseño que hizo el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura», que se decantó por un derribo parcial. Frente a esa decisión, como es conocido, el Supremo ordenó posteriormente el derribo total de todo lo construido en el resort. Esta última decisión está recurrida en amparo ante el Constitucional.
En opinión de Díaz-Ambrona, ante el escenario que puede darse en unos meses de una nueva ley (su aprobación está asegurada por la mayoría absoluta del PSOE en la presente legislatura) que legaliza Valdecañas y, enfrente, una sentencia firme que ordena su derribo total (si el Constitucional confirma lo decidido en el Supremo), la nueva legislación autonómica tendrá más peso y se impondrá. «Pesaría más la ley», asegura sin asomo de duda el letrado pacense, quien subraya que «las leyes se tienen que aplicar y la comunidad autónoma parece que la aprobará porque tiene competencias en ordenación del territorio». En este sentido, y salvando las distancias, considera que existen «similitudes jurídicas» con el debate nacional sobre las nuevas leyes que modifican los delitos de sedición y malversación, y de las que se beneficiarán los políticos catalanes condenados en firme en su día.
Por el contrario, como se ha informado, Ecologistas en Acción, promotor del recurso al que el Supremo dio la razón, considera que la comunidad autónoma no tiene competencias para legislar sobre las ZEPA y que el Constitucional ya dictaminó en una sentencia que no se puede modificar la legislación para legalizar a posteriori un proyecto ilegal, como el de Isla Valdecañas, motivo por el que estudia querellarse por presunta prevaricación contra los diputados que puedan votar a favor de la propuesta de ley.
Díaz-Ambrona espera que el Constitucional se pronuncie sobre el fondo (derribo total o parcial del complejo) en un plazo de «tres o cuatro meses, aunque es algo imprevisible». Si aceptara los recursos de amparo presentados por los propietarios, los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo y la Junta de Extremadura, también se salvarían los chalets, el hotel, el campo de golf y demás instalaciones comunes. En cualquier caso, la futura ley tiene como objetivo dar un mayor respaldo jurídico sin necesidad de más pronunciamientos en los tribunales, legalizando lo construido en las ZEPA siempre que no haya perjuicio medioambiental.
Este punto, según Díaz-Ambrona, el complejo lo cumple de sobra. «Desde el punto de vista medioambiental no solo no ha tenido incidencia negativa, sino que la isla de Valdecañas, que era un eucaliptal rebrotado y parte un vertedero, ahora es modelo en España de respeto a las especies autóctonas; su valor medioambiental es mayor que antes de ejecutarse el proyecto, y lo han dicho organizaciones como SEO/Birdlife. Incluso se ha detectado la presencia del lince ibérico como consecuencia de la presencia de conejos debido al campo de golf», añade el abogado, quien también recuerda el beneficioso impacto socioeconómico en los dos municipios afectados «que recaudan mucho más IBI y han ganado población».
Para el letrado, se tienen la «idea errónea de que las ZEPA deben ser lugares agrestes, pero de las 55 zonas que se declaran, 17 son urbanas, entres ellas la parte antigua de Cáceres. Puede haber presencia humana, siempre respetando los valores medioambientales».
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