Ecologistas en Acción:«Nos planteamos querellarnos contra quienes voten a favor»

García Calle indica que al comienzo de la pelea jurídica que acompaña Valdecañas desde sus inicio ya se hizo una reforma de la ley del suelo para intentar legalizar a posteriori el resort. «Ahora, se va más allá y le dan forma de ley, pero quieren legislar sobre competencias que no tienen y sobre algo además que está pendiente de resolución del Constitucional; es como si quisieran burlar lo que vaya a decir el tribunal porque además han obviado todos los informes que sabían que les iban a poner reparos al elegir la fórmula de la propuesta de ley».

Desde Unidas por Extremadura se calificó de «caciquil» la propuesta de ley del PSOE. Su portavoz, Irene de Miguel, criticó igualmente el procedimiento de urgencia elegido.

La nueva ley, que tiene segura su aprobación por la mayoría absoluta del PSOE, tiene como objetivo la declaración expresa de 55 zonas de especial protección para las aves (ZEPA), entre ellas la que afecta a todo el entorno del embalse de Valdecañas, tras conocerse que pese a que estos espacios se gestionan desde hace dos décadas en algunos casos como ZEPA, nunca han llegado a ser declarados como tales por la comunidad autónoma, con aprobación expresa por parte del Consejo de Gobierno y publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Para dar mayor seguridad jurídica a estos 55 enclaves y reafirmar el interés de la Administración extremeña por proteger su riqueza medioambiental, el PSOE cree conveniente recoger su declaración expresa en una nueva ley.

El texto legal, presentado ayer por la portavoz socialista Lara Garlito, dedica especial atención al caso de Valdecañas. En su disposición final segunda asegura, bajo el epígrafe de 'concurrencia de razones imperiosas de interés público de primera orden': «Las construcciones y edificaciones ejecutadas completamente en los terrenos conocidos como Isla de Valdecañas en los términos municipales de El Gordo y Berrocalejo, evidenciando según los informes ambientales existentes que no causan perjuicio a la integridad ambiental del lugar, quedan legalizados».

Se apoya en el artículo 7 de la misma ley, que contempla que «los usos del suelo y las transformaciones urbanísticas que, a la entrada en vigor de esta propuesta de ley se hayan aprobado, quedan legalizados cuando sean compatibles con la protección de los valores que su correspondiente plan de gestión hubiera establecido con carácter previo».

En su exposición de motivos, la propuesta de ley defiende que un territorio declarado ZEPA no debe tener necesariamente el mismo grado de protección en toda su superficie. En concreto asegura que «el régimen de las ZEPA no es único para todo el territorio comprendido en su ámbito, sino que admite graduación de las medidas de protección».

De este modo, se sostiene en el texto registrado ayer que en el caso de Marina Isla de Valdecañas ha quedado acreditado que su ejecución «no ha causado perjuicio a la integridad del espacio en cuestión», afirmación que apoya en el auto del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de 20 de junio de 2020 y en el informe pericial emitido por la Estación Biológica de Doñana. «Nada se opone pues a la legación de lo construido y finalizado en la denominada Isla de Valdecañas», se resume en la exposición de motivos.

La portavoz del PSOE indicó, en este sentido, que «se declarará de interés público regional de primer orden el proyecto de interés regional del embalse de Valdecañas, lo que posibilitará la legalización de las construcciones y edificaciones, así como del entorno medioambiental más rico y diverso que el preexistente».

Lara Garlito subrayó ayer en el momento de registrar la propuesta de ley que «los valores medioambientales son un elemento siempre de progreso económico y social de la región, pero necesariamente esa protección a los ecosistemas siempre tiene que tener un equilibrio con el desarrollo de los territorios».

Y en referencia al resort de Valdecañas, añadió que «ha generado un impacto muy positivo en la zona, ha generado empleo, riqueza y ha fijado población, además de contar con un medio ambiente más rico que el preexistente». La propuesta de ley hace hincapié precisamente en que este tipo de acciones buscan «contener el proceso de despoblación» de los núcleos rurales, según la disposición final segunda.

También se pretende corregir que los pueblos no puedan disponer de algunas dotaciones como residencias de mayores por encontrase en ZEPA. En este sentido, recoge que «la conclusión tajante de que todos los terrenos Red Natura 2000 han de clasificarse como suelo no urbanizable especialmente protegido supone cercenar el crecimiento de municipios cuyo entero término está incluido en la Red».