Juan José Hernández

Presidente de los farmacéuticos extremeños

«Si la nueva Ley de Medicamentos sale adelante, cerrarán farmacias en Extremadura»

La reforma legal en trámite establece que el Estado convocará cada seis meses un concurso público para seleccionar los medicamentos que dispensarán las boticas. El planteamiento de la administración es que así se fomentará la competencia entre las compañías farmacéuticas, que ofrecerán unos precios de venta más bajos que los actuales, lo que facilitará una rebaja del gasto público en este capítulo, que suele representar un porcentaje apreciable de los presupuestos de las administraciones. Además, con la nueva regulación, si a un paciente le prescriben un medicamento que no es el seleccionado, el boticario deberá dispensarle el seleccionado, y si el cliente no quiere ese sino otro, tendrá que pagar la diferencia de precio.

Estas novedades tendrán varias consecuencias negativas, considera el Consejo Extremeño de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. En los pacientes, habrá una una menor adherencia a los tratamientos, y «se incrementarán los errores y problemas asociados al uso de los medicamentos, al modificarse con frecuencia el fármaco dispensado«. Y para las oficinas de farmacia, un efecto será »el descenso de la rentabilidad«, augura Juan José Hernández.

«En el caso de las farmacias de los municipios más poblados, esto puede implicar la necesidad de reducir las plantillas, y en el caso de las farmacias rurales, donde la rentabilidad es muy pequeña, implicaría cierres«, pronostica el presidente del Consejo Extremeño. Él completa el análisis con una mención específica a las farmacias catalogadas como de Viabilidad Económica Comprometida (VEC), que son aquellas cuyas ventas no superan un determinado umbral, por lo que reciben una compensación. Están situadas en pueblos pequeños, donde la clientela potencial es reducida.

En Extremadura hay ahora 23 boticas VEC, todas ellas excepto una en la provincia de Cáceres, donde hay más localidades pequeñas que en Badajoz. De hecho, la media en Cáceres es de 1.350 habitantes por oficina, frente a los 1.584 de Badajoz. Una diferencia sustancial, si bien tanto una como otra están lejos de la media nacional, que es de 2.100 residentes por botica. «Cáceres es la provincia española con más farmacias en el medio rural, y Extremadura la primera comunidad autónoma, la media es de un 44% de las oficinas en municipios con menos de mil habitantes«, detalla Juan José Hernández, que comenta que en lo que va de año, ya han cerrado la de Santa Cruz de Paniagua y la de Robledillo de la Vera, más una tercera cuya ubicación aún no puede hacer pública. Los tres pueblos tienen menos de 500 habitantes, y pasarán a tener un botiquín, que es una oficina que depende de la farmacia de algún municipio cercano y que abre menos horas. La Junta debe ahora iniciar el proceso para adjudicar el botiquín a alguna farmacia próxima, un trámite que suele resolverse en pocos meses.

En los tres casos, los propietarios de las oficinas que han cerrado abrirán boticas en pueblos de Castilla La Mancha, en concreto en localidades de las provincias de Guadalajara y Toledo que han crecido en población en los últimos años por su cercanía a Madrid y ya tienen varios miles de vecinos, un mercado potencial mucho más atractivo que un pueblo pequeño.

«Las de viabilidad económica comprometida necesitan una ayuda mayor de la que reciben, y en vez de incrementar esa compensación, lo que hace el anteproyecto es reducir su rentabilidad, y eso las aboca al cierre», apunta Hernández, que explica que en las VEC, «la rentabilidad no suele superar al sueldo de un farmacéutico adjunto«.

Otro efecto que tendrá la nueva norma si sale adelante tal como está redactada ahora sería «la reducción de la disponibilidad de medicamentos y posibles faltas», pronostica el presidente del Consejo extremeño. «Si no sabes si dentro de seis meses, ese medicamento va a seguir entre los seleccionados o va a ser sustituido por otro, es probable que el 'stock' sea menor y se den problemas de disponibilidad, especialmente según se vaya acercando la fecha de la subasta de precios», explica Hernández, que añade que este sistema «se implantó en Andalucía y fue retirado al poco tiempo«.

«El anteproyecto -indica el presidente del Consejo Extremeño de Colegios Oficiales de Farmacéuticos- ha puesto de acuerdo en su contra a todo el sector: laboratorios, asociaciones, colegios... Nadie está conforme. Estamos todos los colegios preparando alegaciones». El colectivo profesional sí aplaude otras novedades contempladas en la propuesta del Gobierno, pero ninguna de ellas compensa el cierre de oficinas, concluye Hernández, que recuerda que «en el ámbito rural, las farmacias hacen mucho más que dispensar medicamentos, desarrollan una labor asistencial y social, entre otras, muy apreciadas por los vecinos de estos pueblos y difícilmente reemplazables».