Medio Ambiente reduce los plazos de tramitación a la mitad por el interés social

Una de las peticiones de los promotores de la planta azucarera de Mérida es que la Administración regional agilice los trámites y así será. Los permisos ambientales se conducirán por la vía de urgencia, lo que permitirá reducir los plazos a la mitad, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.

Los periodos de información pública (aún abierto) y de audiencia para alegaciones serán por tanto más cortos, así como el tiempo de que dispone la Consejería de Medio Ambiente y Rural para dictar una resolución. La Ley autonómica concede nueve meses desde la presentación de la solicitud, lo que ahora se ve rebajado a cuatro meses y medio.

La empresa alegó que la creación de empleo, el montante de la inversión y la relevancia para el sector agrario, así como causas estratégicas de competitividad, eran motivos suficientes para acceder a su petición, teniendo en cuenta que Extremadura es uno de los emplazamientos que se baraja para instalar la planta.

Como recoge el proyecto, el parque empresarial Expacio Mérida se considera la ubicación idónea por la posibilidad de disponer de suficiente suelo industrial, la cercanía del río Guadiana (una planta azucarera necesita mucha agua), las facilidades de acceso para camiones por la N-630 y la A-66 y el impacto visual mitigado por la distancia a los núcleos urbanos más cercanos.

La Consejería de Medio Ambiente atendió a la solicitud de la compañía debido a que considera que la actuación «incide positivamente en las variables socioeconómicas del entorno», tal como recoge el escrito remitido a la empresa a mediados de junio. Una muestra de que la Administración regional está dispuesta a cumplir con la celeridad que piden los promotores en cuanto a la tramitación ambiental. Pero hay que tener en cuenta que la Junta de Extremadura no será la única institución que participe en el proceso. El Ayuntamiento de Mérida también debe ser tenido en cuenta en lo que a permisos urbanísticos se refiere, mientras que la Confederación Hidrográfica del Guadiana será el organismo competente para resolver sobre los vertidos que se plantean en el cauce del río.