El kilometraje de los empleados de la Junta se actualizará en mayo tras 18 años sin cambios

El Gobierno regional y los sindicatos con representación en la Mesa General de Negociación han cerrado el acuerdo para el nuevo decreto de indemnizaciones por razón del servicio de la Junta, en el que se lleva trabajando varios meses y que ahora encara la recta final para su aprobación.

Esta norma recoge cuestiones como el pago por kilometraje, la asistencia a tribunales de selección y el pago de dietas por desplazamiento. La norma en vigor, de 2007, será derogada con la aprobación del nuevo decreto.

La consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha señalado que tras el acuerdo de este miércoles se estima que el decreto se publicará en el Diario Oficial de Extremadura a finales de mayo. Entrará en vigor el día siguiente, no a los tres meses, como planteaba el borrador. De esa forma, sus efectos serán inmediatos.

Manzano ha destacado que se ha trabajado con las secretarías generales de todas las consejerías y con los agentes sociales para modificar esta norma, con la que se pretende «hacer justicia» por la labor que realizan los empleados públicos. «Este gobierno está plenamente preocupado por la vida diaria de la gente», ha añadido.

En la reunión de este miércoles también se ha tratado sobre el reglamento de la Mesa General y se ha acordado que su funcionamiento sea más ágil y flexible mediante la creación de grupos de trabajo dedicados a retribuciones, empleo público y derechos de los trabajadores.

La reunión ha estado marcada por la cordialidad y el entendimiento, como han destacado los representantes sindicales. Benito Román, de CSIF, ha destacado la actualización del kilometraje después de años de movilizaciones de los empleados públicos, lo que beneficiará especialmente al sector educativo, ya que es donde más se recurre a esta figura. Asimismo, ha recalcado que se han sentado las bases para un nuevo acuerdo con la Administración regional para que «los empleados públicos empiecen a recuperar parte del poder adquisitivo perdido».

Con ese fin, los sindicatos han planteado la necesidad de equiparar los salarios con otras comunidades autónomas, pero también medidas de carácter interno, como la equiparación entre los distintos sectores de la Junta (Administración general, sanidad y educación) y la aplicación de la carrera profesional en el sector educativo (donde existen otros complementos).

En ese sentido, María Ángeles Rodríguez, de UGT, ha indicado que tras el pleno cumplimiento del acuerdo alcanzado con la Junta en 2022 se plantea continuar en la senda de la mejora de las retribuciones de los empleados públicos, pero también en cuestiones como la conciliación y las oposiciones. Asimismo, ha pedido la creación de una mesa específica para analizar la situación en la que se encuentran los servicios sociales, sobre todo en la atención a menores y la dependencia.

Por su parte, Manuel Nicolás, de CC OO, ha destacado la renovación del decreto de indemnizaciones y la intención de seguir trabajando «de forma leal y coordinada» con la Administración regional en la Mesa de Negociación para mejorar cuestiones como la equiparación salarial con otras comunidades autónomas y entre los distintos sectores de la Administración regional extremeña.

Sobre estas cuestiones, la consejera de Hacienda ha afirmado que el Gobierno regional está dispuesto a llegar a «acuerdos para mejorar la calidad de vida de los empleados públicos de Extremadura», pero ha incidido en las limitaciones presupuestarias.

En el caso de la equiparación con otras comunidades autónomas, Manzano ha apuntado que si Extremadura tuviera el cupo singular del País Vasco, que también se ha comprometido para Cataluña, podría destinar más fondos a la mejora de los servicios públicos y las retribuciones de los empleados.

En cuanto a la equiparación entre sectores de la Administración regional y la aplicación de la carrera profesional en el ámbito educativo, ha apuntado que la Junta se abre a dialogar con los agentes sociales, pero no ha comprometido ningún cambio.