Los juzgados de Extremadura investigan cada año más de 400 denuncias contra la libertad sexual

Cada uno de esos delitos fue cometido por personas que no tenían relación alguna entre sí, en localidades distintas y con víctimas diferentes. Pero los cuatro procedimientos engrosan una preocupante estadística en la que se aprecia una imparable subida de los delitos que atentan contra la libertad sexual.

«Cuando yo llegué a la Audiencia Provincial de Badajoz la mayoría de los casos que veíamos eran por delitos de narcotráfico, pero yo creo que ahora la mitad de los juicios están relacionados con delitos contra la libertad sexual. Es algo preocupante a lo que hay que buscar soluciones», reflexiona Emilio Serrano Molera, un magistrado con larga trayectoria en este tribunal provincial.

Esa sensación de que cada día son más los juicios en los que se ven causas relacionadas con estos delitos es generalizada en los juzgados extremeños, que instruyen cada vez más procedimientos relacionados con agresiones sexuales de todo tipo y con todo tipo de víctimas.

Casos como el de la 'manada de Badajoz', en el que tres jóvenes fueron condenados a 12 años de prisión por obligar a una joven que estaba ebria a realizarles una felación en la rampa de un garaje de la Urbanización Guadiana de Badajoz, son el máximo exponente de una realidad judicial que preocupa.

Los datos publicados por el Ministerio Fiscal confirman que en los últimos cinco años se ha producido un considerable repunte. Tanto, que las agresiones sexuales han aumentado un 84% en Extremadura (118 diligencias previas abiertas en 2022 frente a 64 en 2018).

El crecimiento es incluso mayor si se utilizan los datos de 2023, un ejercicio judicial en el que la Fiscalía abrió en Extremadura 187 diligencias previas por agresión sexual.

En todo caso, esa cifra no puede compararse con la de los ejercicios anteriores porque en 2023 ya estaba en vigor la nueva ley del 'solo sí es sí', que eleva a la categoría de agresión sexual delitos que con anterioridad eran considerados abusos.

El fiscal superior de Extremadura, Francisco Javier Montero Juanes, ya alertó en la presentación de las Memorias de la Fiscalía de la «importante escalada» de este tipo de delitos en los últimos años, particularmente graves cuando las víctimas tienen menos de 16 años».

«Eso nos hace considerar la necesidad de implantar medidas en materia de prevención en el ámbito educativo y de realizar campañas divulgativas en formación de igualdad, en prevención de la violencia sexual como una manifestación de la violencia de general, y en la formación de profesionales con enfoque de género», dijo el fiscal general en su exposición.

En la provincia de Badajoz llama especialmente la atención que los abusos a menores de 16 años hayan aumentado un 218% (32 en 2022 frente a 13 en 2018) y que las agresiones sexuales hayan crecido el 68% (74 en 2022 frente a 44 en 2018).

«Esas cifras sugieren la necesidad de implementar procesalmente la protección de las víctimas, las pruebas preconstituidas y la rigurosidad en las medidas cautelares a adoptar», añade la Fiscalía Superior de Extremadura, que alerta también de un espectacular crecimiento en los casos de abuso sexual en la provincia de Cáceres (66 en 2022 frente a 44 en 2018) y de las agresiones sexuales (44 frente a 20).

En cifras absolutas, los delitos relacionados con la libertad sexual investigados en Extremadura sumaron un total de 407 en el año 2023. Eso significa que como promedio cada día se produce un hecho de este tipo en territorio extremeño y, en ocasiones, se denuncian dos.

«Las víctimas de estos delitos son siempre mujeres o menores, en ocasiones niñas o mujeres con discapacidad», alerta una memoria fiscal en la que se confirma que en muchos casos los autores son la propia pareja de la víctima o personas que conviven en el mismo domicilio y que se aprovechan de esa cercanía, tal y como ocurre en los cuatro juicios que se han celebrado este mes de diciembre en la Audiencia Provincial de Badajoz, cuyo tribunal también condenó hace pocos días a un vecino de Gévora (Badajoz) por agredir sexualmente a un joven que sufría una discapacidad mental. El agresor le causó una importante lesión anal por la que le ha sido impuesta una pena de 14 años de prisión.

No es el único fallo condenatorio. En marzo impuso 5 años de cárcel a un joven que cuando tenía 18 años obligó a una chica de 16 a mantener relaciones sexuales contra su voluntad en el interior de su coche, que fue aparcado explanada de tierra próxima al río Guadiana a su paso por Badajoz.

Pero no solo hay sentencias en Badajoz. En Cáceres acaba de ser condenado a dos años de prisión un hombre acusado de agredir sexualmente a su sobrina de 19 años. Le hizo tocamientos y le dirigió palabras soeces mientras realizaban un viaje por la provincia de Cáceres.

También en las últimas semanas se ha sabido que la Audiencia Provincial de Cáceres ha confirmado la condena a 12 años de prisión de un hombre que agredió sexualmente a una niña de 11 años hija de unos amigos. Aprovechó la amistad con su familia para agredir a la pequeña en dos ocasiones.

Contundente fue también la condena de otro hombre al que le fueron impuestos en marzo 10 años de cárcel por agredir sexualmente a una menor de 15 años en una vivienda de Mérida. El procesado tenía cuatro años más que la víctima y los hechos ocurrieron en la vivienda de un amigo del condenado.

Todos estos casos, muy distintos, ejemplifican una realidad en la que se aprecia un único dato positivo: durante el año pasado bajaron ligeramente en la región los procedimientos abiertos por delitos contra la libertad sexual (407 en 2023 frente a 430 en 2022), una leve mejora que de ninguna forma compensa el continuo aumento que se ha detectado en los últimos cinco años. Y lo que es peor, los casos más graves siguen aumentando y, con ello, las secuelas que dejan en las víctimas.

Sin olvidar las consecuencias para los autores, que se enfrentan a importantes penas de prisión que en uno de los casos que se verán estos días en Badajoz llega a los 15 años de cárcel.