La Junta ve inviable revisar al alza los precios de los comedores de los colegios
Educación comunica a las seis empresas que atienden los comedores de los centros que no puede subirles por ser una competencia estatal
Los cáterin que atienden los colegios extremeños tendrán que seguir trabajando a pérdidas, como aseguran estar haciendo desde que empezó el acutal curso académico. ... Su petición de poder cobrar más por cada menú escolar que sirven a los alumnos no será atendida de momento, según le comunicó ayer la Consejería de Educación y Empelo a los representantes de las seis empresas que sirven la comida en los colegios de la región: Serunion, Mediterránea de Catering, Disan Alimentación, Cantueso Restauración, Descanso y Deporte y, por último, la UTE El Muro Caterplas.
Todas estas empresas denunciaron en conjunto hace unas semanas que la prestación de este servicio resulta insostenible de mantener por culpa de la inflación y el encarecimiento de materias primas como la harina, el pescado o la factura energética, que también influye en la elaboración de las comidas que luego sirven en los comedores escolares. Son un total de 13.260 los niños los que almuerzan en los centros educativos que gestiona la Junta de Extremadura, sobre un conjunto de 90.600 alumnos entre los niveles de Infantil, Primaria y Especial que iniciaron este curso.
La razón que esgrime el Gobierno autonómico para no atender la solicitud de los cáterin, según informaron ayer a este diario desde la Consejería, es que la modificación de precios de los contratos públicos es una competencia estatal.
Las empresas se reunirán este viernes para estudiar una respuesta conjunta a una situación que consideran «insostenible»
Hay que recordar que el concurso público para adjudicar el servicio de los comedores escolares se resolvió en el año 2020, cuando las materias primas y la energía estaban más baratas que ahora. Se fijó entonces un precio de 4,32 euros por menú, una cantidad con la que ahora ni siquiera cubren gastos, según afirman estos cáterin.
La reunión de ayer celebrada en Mérida fue «larga y cordial», aseguran fuentes de comunicación de Educación, que estuvo representada por la consejera, Ester Gutiérrez, el secretario general de Educación y Empleo, Francisco Javier Amaya, y Carlos Pérez Vidarte, director general del Epesec (Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios), el organismo del que dependen este tipo de contratos con la Administración regional. En el encuentro, Gutiérrez «se comprometió a seguir buscando fórmulas para tratar de compensar el encarecimiento de los precios de los alimentos a las empresas adjudicatarias del servicio, a la vez que les explicó la imposibilidad de modificar los contratos actuales debido a los requerimientos jurídicos que conlleva la Ley de contratos del sector público».
En este sentido, la Consejería de Hacienda y Administración Pública argumenta que «la regulación de la revisión de precios es competencia estatal», porque así lo fijan dos leyes del año 2017 (la de contratos públicos y la de desindexación de la economía española).
«Según estas normas –amplía el Gobierno regional–, solo se pueden revisar los precios de los contratos públicos de obras, suministro de energía, suministro de fabricación de armamento y de equipamiento de las administraciones públicas». De hecho, está siendo habitual por parte de la Junta la revisión de las contrataciones públicas de numerosas infraestructuras, entre ellas de los propios colegios, algunos de los cuales se encuentran parados también por el encarecimiento de los materiales.
Las seis empresas afectadas por este conflicto tienen previsto reunirse hoy, viernes, para estudiar una respuesta conjunta, según emplazó el representante de una de ellas que ejerce como portavoz del grupo.
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