La Junta ofrecerá la adopción a las familias de acogida

Con el fin de potenciar el acogimiento la presidenta de la Junta, María Guardiola, anunció el pasado jueves, durante su primera intervención en el debate sobre el estado de la región, una modificación de la normativa actual de acogimiento «para permitir a las familias el doble ofrecimiento, es decir, facilitar la posibilidad de adopción a las familias acogedoras».

La presidenta explicó que «hay una realidad que exige de nuestra empatía y responsabilidad. Muchos niños extremeños no pueden crecer en el seno de una familia y, por eso, es fundamental reforzar la figura del acogimiento familiar».

Recordó que, en este ámbito, una de las primeras medidas que adoptó su gobierno fue un incremento del 112% de la cuantía recibida por las familias acogedoras, con carácter retroactivo desde enero de 2023. «Y tenemos que seguir avanzando en la sensibilización», dijo.

Con este objetivo, adelantó que «vamos a poner en marcha una campaña para promover el acogimiento familiar de niñas y niños de 0 a 6 años» y el cambio de normativa para facilitar la posibilidad de adopción a las familias acogedoras.

En el ámbito de los cuidados, Guardiola afirmó que «pensamos también en aquellas familias que tienen entre sus miembros a una persona con grandes necesidades de cuidados, y cuyos cuidadores principales necesitan de apoyo igualmente». De ahí, defendió, el plan de respiro puesto en marcha por la Junta, «del que se han beneficiado 258 familias y se han realizado un total de 342 servicios que facilitan el descanso».

En una materia «tan sensible y tan importante para el bienestar de miles de extremeños y sus familias», anunció también que el Servicio extremeño de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia (Sepad) «hará frente al incremento del 9,5% en los precios/plaza. Esto se traduce en 6 millones de euros en este año 2025 que se consolidarán en el presupuesto de 2026».

En resumen, «una inversión en atención a la discapacidad que se suma al esfuerzo ya realizado por el incremento de 5 millones de euros por la concertación social». Según dijo, «esta subida tiene el impacto económico anual más elevado de los hasta ahora acometidos».

La actualización del precio/plaza afectará a unas 6.000 plazas para personas con discapacidad, a más de 4.200 tratamientos de habilitación funcional y a alrededor de 2.500 trabajadores de 75 entidades prestadoras de servicios.

«En definitiva, invertimos en una mayor estabilidad económica en las entidades, una mayor estabilidad en los equipos de profesionales y todo ello redunda en la mejor atención a las personas con discapacidad», declaró en su primera intervención en el debate sobre el estado de la región.

Sin olvidar, también en materia de servicios sociales, las mejoras que conllevará el nuevo contrato para los profesionales del sector. Guardiola recordó el nuevo contrato para hogares de inserción laboral para menores que se ha aprobado recientemente.

«Un contrato que contempla un aumento del número de profesionales, con al menos 2 por turno, para garantizar que no estén solos», como ocurrió el día en el que la educadora Belén Cortés murió en un piso de Badajoz destinado al cumplimiento de medidas judiciales por parte de menores. Con este fin también, con el de mejorar la seguridad en estos recursos, «se incorporará un sistema de alarma con respuesta rápida antes situaciones de riesgo».