La Junta de Extremadura endurecerá la justificación del gasto en las ayudas a cooperación internacional

La cooperación al desarrollo ha estado en el centro del debate desde el inicio de la legislatura tras el acuerdo entre PP y Vox para la investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta. El Gobierno regional de coalición aprobó en sus primeros presupuestos, los de 2024, una reducción de 3,2 millones de euros para la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aexcid), un 23% menos que el año anterior. La concesión de ayudas y las inversiones cayeron un 26% al pasar de 12,7 a 9,4 millones.

Desde la ruptura del pacto entre los dos partidos, hace un año, la formación de Santiago Abascal ha insistido en criticar lo que considera «gasto innecesario» de la Junta, para lo que ha puesto como ejemplo la cooperación internacional. Por su parte, el PP ha abogado por mantener el modelo actual, pero revisando su alcance y exigiendo más control de los fondos autonómicos.

Con ese fin, la Consejería de Presidencia trabaja en un decreto que sustituirá a la regulación anterior, del año 2019, que sirve de base para la nueva redacción. Además, esta norma contendrá la primera convocatoria, aunque en el proyecto que está en exposición pública aún no se establece la dotación que tendrá, lo que determinará el alcance de las ayudas.

Según recoge el nuevo texto, se pretende establecer un régimen de ayudas actualizado, que se adapte a la Ley de Cooperación y Solidaridad Internacional de Extremadura, aprobada por el anterior Gobierno regional en 2023, y al Plan General de la Cooperación Extremeña 2024-2028, elaborado por el Ejecutivo autonómico actual.

El Gobierno regional mantendrá las cuatro grandes líneas de actuación. Dos están destinadas a la cooperación al desarrollo, con proyectos sobre el terreno, tanto por el procedimiento de concurrencia competitiva (por el que se evalúan las propuestas y se eligen las mejor valoradas) como por concesión directa (para financiar actuaciones concretas que hayan quedado fuera del sistema anterior).

Las otras dos líneas son educación para la transformación social y ciudadanía global, para actuaciones de concienciación en la región (cursos, talleres, intervenciones en centros educativos, ciclos de cine...), también por el procedimiento de concurrencia competitiva; y acciones humanitarias, para crisis y situaciones de emergencia, por concesión directa.

El recorte en los fondos que se aprobó para los Presupuestos de 2024 hizo que el pasado año sólo se convocaran dos líneas de ayudas, las dos que se tramitan por concesión directa. La intención del Gobierno regional es volver al modelo anterior, aunque con una nueva regulación, lo que supondrá un retraso en la tramitación.

Como principales novedades, el proyecto de decreto incide en la transparencia y rendición de cuentas. Por ejemplo, en la norma en vigor se exigen auditorías finales para los proyectos que cuentan con más de 60.000 euros de subvención. Con la nueva redacción serán obligatorias para todos los proyectos, excepto las entidades de carácter público (Administración del Estado, Junta de Extremadura y universidades).

En el mismo sentido, la regulación en vigor establece para las entidades beneficiarias la opción de contratar una evaluación final del proyecto con cargo a la subvención, de carácter externo y con la participación de todos los agentes implicados, incluida la población destinataria. En el nuevo texto este informe pasa a ser obligatorio en las principales líneas de ayuda.

También se endurecen los requisitos para justificar el gasto. Por ejemplo, el medio preferente de pago seguirá siendo la transferencia bancaria, para lo que habrá que aportar el comprobante correspondiente. Pero en la norma actual se permite pagar en efectivo operaciones de menos de 2.500 euros o su valor en moneda extranjera. La nueva redacción rebaja ese límite a 1.000 euros.

Junto a esto, la exposición de motivos del decreto destaca la ampliación de agentes de cooperación susceptibles de recibir ayudas. En concreto, se incluye la posibilidad de que las empresas, en agrupación con las organizaciones no gubernamentales, puedan concurrir a subvenciones para proyectos de cooperación internacional para el desarrollo por concesión directa (por tanto sin concurrencia competitiva).

Para ello, se exigirá que su intervención no tenga ánimo de lucro, sino que se trate de actividades encaminadas a la promoción de prácticas de responsabilidad social empresarial, y a que en todo caso los proyectos estén liderados por las organizaciones no gubernamentales.

Asimismo, la nueva norma actualiza los criterios de valoración de solicitudes, incorporando conceptos como complementariedad con otros proyectos, impacto y sostenibilidad, alianzas, innovación y valor añadido, aprovechamiento de conocimientos y aprendizajes previos, impacto en Extremadura, integración de la perspectiva de género o la incorporación del enfoque de derechos de la infancia.

También se exige más documentación para optar a las subvenciones y se especifican en los anexos del decreto la información a facilitar sobre el contenido de los proyectos y su ejecución posterior.

El objetivo es elevar el alcance de las actuaciones, «favoreciendo alianzas que hagan participar a la sociedad extremeña en la cooperación internacional, así como introduciendo mecanismos para la medición y seguimiento de sus impactos».