La Junta debe ocho millones en facturas a pymes extremeñas del sector forestal

«En el sector forestal, siempre se han facturado los excesos de obra, pero en marzo cambió la interventora delegada y determinó que no estaba de acuerdo con ese modo de proceder», explica Ricardo Romero, director general de Gestión forestal, caza y pesca del Gobierno regional (es ingeniero de montes y funcionario de carrera). «Esta modificación –continúa– fue una sorpresa para todos, porque rompía con el modo de trabajar de siempre, y lo que hicimos fue hablar con la Intervención para buscar una solución al problema cuanto antes. La que se nos ha dado es que las empresas rehagan sus facturas eliminando de ellas los excesos de obra, y en ese proceso estamos».

Esto implica reiniciar la tramitación de cada cargo pendiente de cobro, para cumplir con los nuevos requerimientos establecidos por el área de Intervención, que es la que controla el gasto público. «Las empresas quieren cobrar y nosotros queremos que cobren, es un problema que está en vías de solución», tranquiliza el director general, que no obstante, lamenta «que las reglas de juego se hayan cambiado a mitad del partido».

«Nos han creado este problema, que afecta a facturas desde diciembre», asegura Ricardo Romero, que explica también que él ha hablado con responsables de nueve de las empresas afectadas, y el jefe de servicio de su departamento lo ha hecho con las otras tres. «Este cambio de criterio en la certificación ha generado un retraso considerable, y nosotros estamos trabajando para que se acepten las facturas cuanto antes y poder pagar lo más rápidamente posible», explica el director general.

«Normalmente, el periodo de pago medio se situaba entre los 30 y los 45 días, y ahora tenemos facturas pendientes que son del mes de diciembre», admite Romero, que añade también que en estos momentos, están esperando a recibir un documento de la Intervención General de la Junta y que permitirá avanzar en el proceso que concluirá con el abono de las cantidades adeudadas.

Estos impagos han motivado que haya «empresas que están al límite», asegura el presidente de la Asociación Extremeña de Empresas Forestales y de Medio Ambiente (Aeefor).

«Hablamos de un sector que en la región está formado mayoritariamente por empresas pequeñas, que no tienen capacidad para aguantar impagos de este montante durante mucho tiempo», explica Francisco Castañares. «En algún caso, no les quedará más opción que ir al concurso de acreedores si no cobran antes de quince días», asegura el responsable de la asociación, que afirma también que «a alguna de estas pymes, la Junta le debe más de un millón de euros, una cantidad enorme para una empresa pequeña».

«No entramos en la pertinencia o no del cambio de criterio, y apoyamos toda medida que mejore el control del gasto del dinero público, pero sí creemos que no está bien cambiar las reglas a mitad del partido, y que la novedad debería haberse aplicado en contratos nuevos», apunta Castañares.

«La Junta podría adelantarles financiación o darles tesorería, porque hablamos de empresas pequeñas que no pueden dejar de pagar a sus trabajadores, ni tampoco los alquileres de sus oficinas o naves, o el renting de los vehículos y la maquinaria».

Los trabajos que se les adeudan son principalmente los de tipo selvícola para prevención de incendios y de gestión forestal, pero también encargos de emergencia en paisajes quemados recientemente. «Intervenciones en cualquier caso de gran importancia para una región como Extremadura», aprecia el presidente de las empresas forestales de la región, que ha tratado sobre este problema con distintos responsables del Gobierno regional, entre ellos Ignacio Higuero, consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, la cartera del Gobierno regional que gestiona Vox en base al pacto de legislatura suscrito hace un año con el PP de la presidenta María Guardiola.

«La Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural –explica Castañares– nos comenta que el problema estará resuelto en no más de quince días, pero la realidad es que en este problema está bastante atada de manos, la solución depende de Intervención».

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, anunció ayer una inversión de seis millones de euros en las instalaciones de la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) de Pinofranqueado (Cáceres).

Así lo indicó en una visita a sus instalaciones, donde explicó que esta actuación se encuadra dentro del plan de inversiones que el Gobierno de Espaá está llevando a cabo en las 10 BRIF que hay operativas en España, con un presupuesto de 53 millones de euros.