La Junta creará un mapa interactivo para localizar amianto en edificios públicos y privados
Este material nocivo para la salud debe ser retirado de todo tipo de construcciones
En 2028 no debe existir ningún edificio público con amianto, un material peligroso para la salud y cuya fabricación está prohibida en España desde 2002. Para avanzar en su retirada de todo tipo de construcciones, la Junta de Extremadura elaborará un censo preliminar que ofrezca una radiografía de su presencia en la región. Las consejerías de Economía, Empleo y Transformación Digital; Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, e Infraestructuras, Transporte y Vivienda han anunciado que la región creará un mapa interactivo para facilitar a los ayuntamientos la localización del amianto en edificios públicos y privados.
Todos los ayuntamientos extremeños incumplieron la ley que entró en vigor en abril de 2022 y que concedía un año para elaborar un censo municipal sobre esta materia. «A pesar de su prohibición, sigue presente en numerosas edificaciones, lo que hace necesario su control y retirada segura», ha señalado este miércoles la directora general de Trabajo de la Junta, Pilar Bueno. En 2023, el Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera fue condenado a indemnizar a las familias de dos trabajadores municipales que murieron por la exposición a este marterial cancerígeno.
La Comisión Europea exige a los Estados miembros la elaboración de censos municipales de amianto, obligación que España ha incorporado mediante la Ley 7/2022. El censo debe incluir la localización del amianto y una planificación de su retirada, priorizando los casos de mayor peligrosidad y exposición de población vulnerable.
El mapa interactivo estará desarrollado por el Centro de Información Cartográfica y Territorial de Extremadura, mediante imágenes del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea, y -según la Junta- ofrece una fiabilidad inicial del 70 por ciento.
También se está creando una plataforma digital para que los ayuntamientos registren sus censos. Esta herramienta permitirá a los municipios, especialmente a los de menor capacidad técnica, completar y verificar la información preliminar mediante inspecciones.
El objetivo del censo es saber cuánto amianto hay que retirar en la región; cuantificar el coste que supondrá llevar a cabo su eliminación; y crear y organizar vertederos específicos para almacenar todo el amianto retirado, ha señalado a su vez el director general de Sostenibilidad de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Germán Puebla.
Una vez que los ayuntamientos hayan completado el censo, se remitirá a la dirección general de Evaluación Ambiental del Ministerio para, a su vez, lo remita a la Comisión Europea para evaluar los fondos específicos necesarios para la retirada de amianto.
La Junta de Extremadura colabora con los municipios extremeños que podrán recibir una ayuda para esta retirada que, pese a ser una competencia municipal, será soportada en parte por los fondos europeos, según Germán Puebla.
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La Junta también impulsará campañas de sensibilización ciudadana sobre los riesgos del amianto y fomentará la colaboración en su detección. Asimismo, recuerda el Ejecutivo autonómico que se han aprobado ayudas que cubrirán hasta el 85 por ciento del coste de retirada y gestión de este tipo de residuos en centros de trabajo, con un límite de 20.000 euros por empresa.
