La Junta no cambiará de puesto a los empleados de residencias que rechacen vacunarse

Aunque el consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha dicho en varias ocasiones que no es preocupante el rechazo a la vacunación en esta comunidad autónoma (no llega al 1% frente al 20% de otras), sí hay profesionales sociosanitarios que, pese a trabajar en lugares de alto riesgo, no se han vacunado.

De hecho, desde marzo, cuando se dio por finalizada la vacunación en sanitarios, a finales de julio se registraron 158 contagios de covid entre los profesionales y 38 de ellos no habían recibido ninguna dosis.

Estas medidas para intentar contener el virus en las residencias llegan después de que seis comunidades autónomas (Andalucía, Canarias, Cantabria, Galicia, Murcia y País Vasco) hayan pedido la inoculación obligatoria para los profesionales que cuidan a personas vulnerables.

Se trata de una solicitud que llega justo en el momento que empieza a haber nuevos contagios en las residencias de mayores. En Extremadura, desde que empezó la quinta ola a mediados de junio, se han notificado 124 infecciones, 15 hospitalizaciones y cuatro muertes en esos centros.

Ante eso ya hay varias instituciones que se han posicionado a favor de que sea obligatorio vacunar de la covid a los trabajadores sociosanitarios, es decir, tanto a los facultativos de centros de salud y hospitales como a los empleados de residencias de mayores.

Desde el Colegio de Médicos de Cáceres, su presidente, Carlos Arjona, es consciente de que la legislación española no establece la obligatoriedad de vacunarse, pero considera que «la pandemia del coronavirus es una situación excepcional donde se debería regular esa obligación».

Opina que en el caso de que no se les obligase y no se vacunaran si no quieren deberían de ser apartados de la asistencia directa a los pacientes.

Dice que «es difícil entender que en el sector sociosanitario haya trabajadores que no quieran vacunarse por el peligro que existe de contraer la enfermedad tanto para ellos como por el riesgo de contagiar a personas que están atendiendo».

Por eso, Arjona pide a todas las personas que reflexionen sobre la necesidad de vacunarse. «A ninguno nos gustaría que a un familiar nuestro le atendiera una persona que no está vacunada y le pudiera contagiar», comenta.

También aboga por hacer pruebas de detección a todos los trabajadores para evitar que los asintomáticos puedan entrar en un centro sociosanitario y contagiar. «Hay pruebas de antígenos de fácil manejo y se deberían hacer con cierta frecuencia a todo el personal».

En ese sentido, la Junta ha anunciado que realizará cribados quincenales en las residencias de mayores para intentar atajar la expansión del coronavirus. Asimismo, se hará una prueba previa a todos los trabajadores que regresen tras las vacaciones.

En cuanto a la obligación de vacunarse, el presidente del Colegio de Médicos de Badajoz, Pedro Hidalgo, coincide con el de Cáceres. Pone de manifiesto que «el médico es autoridad sanitaria y tiene un deber deontológico, científico y su actitud debe ser ejemplarizante». Considera que «la vacunación en este ámbito no solo es necesaria, sino que debería ser obligatoria».

«Cuando somos nosotros los que dictamos que los ciudadanos se vacunen, tenemos que ser nosotros, precisamente, los que primero lo acatemos. Como marcan los códigos deontológicos un médico no puede utilizar ni el charlatanismo ni medicinas no basadas en criterios científicos», apunta Hidalgo.

Además de la responsabilidad profesional, también hace referencia a la penal. «Ya hay sentencias en el Tribunal Supremo que vienen a decir que cuando el sanitario se niega a ser vacunado podría estar incurriendo en un supuesto de irresponsabilidad si al contraer la enfermedad la transmite a algún paciente».

Por el momento, la Consejería de Sanidad de Extremadura no se ha mostrado a favor de obligar a vacunar a los trabajadores sociosanitarios, como tampoco lo ha hecho el Ministerio por una cuestión legal.

Es una iniciativa que no está avalada por una ley nacional y por ahora no está en estudio. Además, el Tribunal Constitucional ya tumbó el 23 de julio el intento de Galicia de forzar a los pinchazos.

A eso se suma que el Ministerio cree que en España la vacunación no es un problema, al contrario que en países como Francia. En ese sentido, los dos colegios de médicos extremeños, al igual que Vergeles, apuntan que el rechazo a la vacuna en esta comunidad autónoma es mínimo y no existe un movimiento negacionista ni de antivacunas.