La Junta enfría las intenciones de Podemos de modificar la ley de renta básica

La propuesta de Podemos de reformar la renta básica extremeña no cuenta con una acogida favorable en el Gobierno regional. La portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, afirmó ayer que esta prestación «ha dejado de ser un problema» y no considera prioritaria su revisión.

Podemos registró en julio en la Asamblea una propuesta de ley para crear una renta mínima garantizada en sustitución de la renta básica. Además de incrementar la cuantía a percibir a 684 euros mensuales, la formación morada plantea simplificar los requisitos de acceso y eliminar la exigencia de encontrarse en situación de exclusión social.

La reforma de la renta básica es uno de los puntos contenidos en el acuerdo por el cual Podemos permitió la aprobación de los Presupuestos regionales para 2018. En principio, su intención era consensuar una nueva ley con el gobierno autonómico. Pero, ante los escasos avances de las negociaciones previas, la formación morada decidió registrar su propuesta en la Asamblea.

El secretario general y portavoz de Podemos, Álvaro Jaén, anunció el lunes que esta semana se reunirá con el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, para tratar sobre su propuesta. Pero la portavoz regional señaló ayer que no sólo hablarán de este asunto, sino de todas las iniciativas legislativas que se tramitarán en los próximos meses en la Asamblea, más de veinte.

Junto a esto, Gil Rosiña apuntó que «estaría bien que no se registraran leyes sin antes hablarlas», ya que ningún partido dispone de la mayoría necesaria. Además, apuntó que existe la dificultad añadida de que las iniciativas que salen del Parlamento no siempre pueden ser ejecutadas por el gobierno, ya que se necesita la dotación presupuestaria correspondiente. «No tenemos dinero para alcanzar la luna», dijo.

En cualquier caso, la portavoz de la Junta afirmó que la renta básica «ha dejado de ser un problema» en la presente legislatura gracias a la labor del ejecutivo autonómico con las mejoras en la gestión y con la creación de planes de empleo.

Isabel Gil Rosiña también se refirió a la enmienda de totalidad presentada por el PP al proyecto de ley de memoria histórica de la Junta. Según dijo, «ningún demócrata debería tener dudas sobre la necesidad de reparar el dolor de las víctimas del franquismo».

La portavoz de la Junta hizo estas declaraciones al término de la reunión del Consejo de Gobierno, en la que se aprobó una nueva convocatoria de ayudas del plan regional de vivienda por importe de 2.130.000 euros. En concreto, se trata del programa de ayuda directa a la entrada, cuyo objetivo es facilitar a las personas y familias con escasos recursos el acceso a una vivienda protegida de nueva construcción.

Gil Rosiña expuso que con esta nueva convocatoria se espera beneficiar a unas 213 familias con una ayuda media de 10.000 euros. Asimismo, recordó que esta línea se creó para paliar las carencias del plan estatal de vivienda.

Además de este asunto, el Consejo de Gobierno autorizó la concesión de subvenciones a 26 ayuntamientos y una mancomunidad de municipios para el mantenimiento, hasta el año 2020, de 293 plazas asistenciales en centros residenciales y 121 en centros de día para la atención de personas mayores en situación de dependencia. La Junta de Extremadura destina algo más de 9,8 millones de euros.

En el apartado de infraestructuras, se autorizó una obra complementaria del proyecto de duplicación de la vía EX-351 sobre el canal del Zújar, en Villanueva de la Serena, a lo que se destinará 1,4 millones de euros.

Junto a esto, se aprobó la ocupación de terrenos para las obras de mejora de la seguridad en la carretera EX-104, en la intersección de Cabeza del Buey, y para la construcción del vial de acceso al nuevo hospital de Cáceres desde la A-58.