Los centros de crisis 24 horas para mujeres enfrentan al Gobierno y a la Junta

En suelo extremeño la ministra ha reclamado a la Administración regional agilizar la puesta en servicio de los centros de atención 24 horas proyectados en Extremadura para no poner en peligro 84 millones de euros de fondos europeos dedicados a esta causa a nivel nacional. A lo que el Ejecutivo regional no ha tardado en responder a través de una nota de prensa. En su comunicado ha querido garantizar que los cuatro centros de crisis para mujeres previstos Badajoz, Mérida, Cáceres y Plasencia estarán funcionando antes de que termine este año.

Ha respondido a Redondo la secretaria general de Igualdad y Conciliación, Ara Sánchez Vera, quien ha lamentado la «deslealtad institucional de la ministra en su visita a la región. «La deslealtad ha sido absoluta», ha asegurado Sánchez, teniendo en cuenta que la Junta de Extremadura es competente en esta materia. Se queja la titular extremeña de Igualdad de no haber recibido comunicación ni invitación para poder haber estado en este encuentro en la capital autonómica junto a la ministra y el alcalde Rodríguez Osuna.

Hay que recordar que en abril Extremadura Sánchez Vera pidió una prórroga para la puesta a punto de estos centros de crisis para víctimas de violencia sexual.

A su juicio, el Gobierno de María Guardiola demuestra «con hechos, y no con palabras, que las mujeres extremeñas son una absoluta prioridad». Y esto lo reafirma, indica, «que, a pesar de sólo tener la obligación de construir dos centros, va a dotar a la región con cuatro, para atender, así, la dispersión geográfica de la región y asegurar que las mujeres del entorno rural se sientan igual de protegidas, vivan donde vivan».

Por su parte, la ministra metió prisas a Extremadura y explicó que los centros «ya están avanzando en el resto de España», mientras que en la región, dijo, están «ciertamente retrasados». «Necesitamos que estén operativos a 31 de diciembre de este año porque, si no, esos fondos Next Generation van a tener que devolverse en el conjunto de España», remarcó.

Ana Redondo ha acusado al Gobierno regional de considerar a las mujeres extremeñas como «ciudadanas de segunda» por el hecho de que aún no estén abiertos los centros de crisis. Unas palabras que han molestado en los despachos de la Junta. Para la titular de Igualdad de la Junta, la ministra ha faltado a la verdad al utilizar a las víctimas de violencia sexual para «desprestigiar el trabajo del Ejecutivo extremeño». Además, Ara Sánchez ha calificado de grave «negligencia e inoperancia» del anterior Gobierno y de la que era su titular, Isabel Gil Rosiña, ya que «durante tres años, teniendo la dotación presupuestaria disponible para la construcción de estos centros, no ejecutó absolutamente nada».

Los centros de atención a víctimas de violencia sexual 24 horas que deberán estar operativos en todo el país y que ya funcionan en algunas regiones atenderán a mujeres mayores de 16 años víctimas y supervivientes de violencia sexual, tanto si se ha producido de forma reciente, como en el pasado. Para acceder a ellos, no será necesaria la interposición de una denuncia y el enfoque estará centrado en la víctima y superviviente, según explicó el Gobierno en su presentación.

En cuanto a las declaraciones de Redondo sobre el rechazo del edificio cedido por el Ayuntamiento de Mérida para acoger el centro de crisis en la capital, debido, según sus palabras, a «un exceso de soberbia», la secretaria de Igualdad ha subrayado que el alcalde «sabe perfectamente que era imposible hacerlo allí por problemas técnicos y de accesibilidad».

Estas deficiencias, ha manifestado Ara Sánchez, «hacían imposible tener disponible el centro a 31 de diciembre de 2023, fecha en que finalizaba, inicialmente, el plazo habilitado por Europa, prorrogado, posteriormente, por un año más».

La responsable de Igualdad de la Junta ha afirmado que, en las reuniones mantenidas por el alcalde de Mérida en el último año, este reconoció la existencia de esa problemática y puso de manifiesto que no tenía inconveniente en que el centro de crisis estuviera ubicado en el Hospital de Mérida, siempre que la ciudad pudiera contar con ese recurso.