El juicio por el derribo de la ermita de Brovales tendrá lugar el próximo mayo

Tres de los investigados tienen relación con la empresa que acometió la práctica destrucción de un edificio singular de interés prioritario protegido por la Ley de Patrimonio de Extremadura. El cuarto es el dueño de una sociedad agraria y de la finca en la que se asienta, que ostenta títulos nobiliarios. La defensa de los imputados la lleva un bufete de abogados de Madrid.

Los cuatro investigados se enfrentan a penas de prisión y a la solicitud de una indemnización en el caso de que se les considere de autores de un delito contra el patrimonio histórico que se sitúa en 2,2 millones. Además, según puede adelantar HOY, el juzgado, en su auto de apertura de juicio oral, fechado el pasado 20 de mayo, reclama a los acusados que presten fianza por importe de casi tres millones de euros.

Sucedió en marzo de 2021. El diario HOY publicó que una retroexcavadora se había llevado por delante uno de los tesoros de la arquitectura religiosa extremeña con origen en época visigoda. La fachada de estilo gótico y la gran espadaña barroca de la ermita de Santa María de Brovales eran lo único que se conservaba de una edificación ubicada en un enclave que fue yacimiento romano y oratorio de los templarios en Jerez, al suroeste extremeño. Brovales de una de las tres pedanías jerezanas.

Se encontraba en estado ruinoso pero conservaba una estructura todavía que la hacía ser una joya patrimonial. Además estaba bajo la figura de protección patrimonial.

El inmueble está incluido en el catálogo municipal de inmuebles de valor artístico y arquitectónico de Jerez situados fuera del casco histórico, como un edificio singular de interés prioritario, protegido por la Ley de Patrimonio de Extremadura.

 

El dueño de la finca de Santa María de Brovales es una sociedad, Las Veranas, con sede en Madrid. Su administrador único era hasta noviembre del año 2020 Francisco Bernaldo de Quirós y Fernández de Córdova, vigésimo marqués de Bacares y vigésimo tercer conde de la Puebla, una de las dinastías más conocidas del país. Tomó el relevo de la sociedad agroganadera su tercer hijo, Ignacio Bernaldo de Quirós Loring, al frente a su vez de otras ocho sociedades, del ámbito ganadero, inmobiliario o textil.

En declaraciones a este periódico, Bernaldo de Quirós dijo en 2021 que la empresa agroganadera desconocía que no se podía derribar la ermita, ofrecía disculpas por el destrozo al patrimonio arqueológico y mostró su colaboración para intentar repararlo.

Tras una primera denuncia ante el Seprona de la Guardia Civil se empezó a investigar lo ocurrido. Se llega ahora a juicio tras no haber acuerdo previamente, hasta la fecha, y con peticiones de cárcel y de indemnizaciones por parte de la Fiscalía y de la Junta, que se personó en su día como acusación particular. Hay peticiones de pena de cárcel y de pago de cantidades millonarias.

Se piden entre los tres años y seis meses de prisión que reclama la Junta, y el año y seis meses de cárcel que solicita el fiscal. Esta petición es para todos los investigados, sin hacer distinción entre el dueño de la finca y de la empresa y los trabajadores contratados que ejecutaron la obra.

 

En cuanto a las indemnizaciones, la Fiscalía solicita que abonen a la Junta 186.905 euros para la reconstrucción de la ermita. A eso se añade 2.068.500,83 euros para la reparación de los perjuicios causados en el yacimiento.

Por su parte, en el escrito de acusación de la Junta no se especificó cantidad alguna. Solo reclama que se reparen los daños causados y la restauración en la medida de lo posible de lo dañado.

Como responsables subsidiarios aparecen la empresa de Bernardo de Quirós que explota la finca de Brovales y la que demolió el edificio.