El juez acuerda la nulidad parcial del auto que dictó contra los policías antidroga de Mérida

Esta providencia da respuesta a los escritos presentados los días 9 y 10 de septiembre por el letrado que representa a J.N.B., uno de los agentes investigados. En ellos se hace referencia al DVD en el que se almacenan las conversaciones telefónicas intervenidas a uno de los supuestos narcotraficantes contra los que también se presentará acusación.

En ese DVD deberían figurar las escuchas realizadas entre las 00:00:01 horas del 19 de agosto de 2021 y las 9:00:00 horas del día 15 de septiembre de 2021.

Pero ese DVD en cuestión no contenía las conversaciones comprendidas entre el 19 de agosto y el 26 de agosto, una circunstancia que fue advertida por la Letrada de Administración de Justicia cuando la Audiencia Provincial de Badajoz dictó una resolución en la que se acordaba la necesidad de cotejar las transcripciones de las conversaciones con el contenido del DVD.

Este incidente procesal quedó resuelto en el auto que dictó el magistrado de Mérida el pasado 4 de septiembre, donde explicaba que después de ser detectado este problema «fue unido nuevamente (a la causa) el DVD que ya estaba aportado pero incompleto en cuanto a su contenido».

Indicaba el magistrado que no había motivo alguno para la confusión porque «en la causa está el DVD J1-1 (el originario pero incompleto), y el DVD J1, que incorpora el aportado por la fuerza instructora al haberse observado por la letrada de administración de justicia que el originario estaba incompleto».

Con esta explicación el magistrado daba por zanjado el asunto, pero en la providencia que ahora ha dictado decreta esa nulidad parcial «de oficio» y da traslado de esta circunstancia a todas las partes personadas para que puedan presentar las alegaciones oportunas.

El juzgado concede tanto a la Fiscalía como a las acusaciones y las defensas un plazo de cinco días para que efectúen las alegaciones que estimen convenientes sobre esa nulidad parcial que afecta al auto dictado el 4 de septiembre, «exclusivamente» en lo referido al recurso de revisión en el que se hace referencia al contenido de ese DVD.

Y aunque en la providencia dictada este 7 de octubre no se indica, todo hace suponer que esta posible nulidad frena, por el momento, el plazo que tenían la Fiscalía y las acusaciones para concretar los cargos por los que acusarán a los procesados y solicitar la apertura de juicio oral.

La nulidad parcial decretada por el magistrado frena de momento el avance del procedimiento, pero en la providencia se aclara que solo afecta al fundamento séptimo y que en nada influye en el resto del escrito, donde se concretan los hechos por los que pueden presentar cargos las distintas acusaciones.

En ese auto del pasado 4 de septiembre que sigue en pie se imputan hasta nueve delitos distintos a los cinco agentes de la Policía Nacional, entre ellos los de pertenencia a organización criminal y contra la salud pública. Igualmente se imputa a otras diez personas, presuntamente narcotraficantes que tuvieron relación con los hechos que se investigan.

El auto concluía que las pruebas practicadas ponen de manifiesto que el Grupo de Estupefacientes de Mérida contaba con una serie de informantes que daban información esencial para proceder a la detención de personas vinculadas con el tráfico de drogas. Pero a cambio permitían que el traficante protegido realizara su actividad delictiva. Este grado de colaboración dio lugar a otro tipo de cooperación «en la que el propio grupo participaba de la actividad delictiva, en concreto del cultivo de plantaciones de marihuana».

Los agentes fueron acusados de los delitos de organización criminal, contra la salud pública, omisión del deber de perseguir delitos, falsedad documental, revelación de información, malversación, conspiración y proposición al tráfico de drogas, contra el patrimonio y torturas.

Los primeros hechos investigados se remontan a enero de 2017, cuando un confidente informó al Grupo de Estupefacientes de que iba a llevar a cabo una venta de hachís para que los agentes pudiera incautar la mercancía. A cambio, no fue detenido y además se pudo quedar con el dinero. Los agentes redactaron el atestado como si se hubiese tratado de una operación casual para no descubrir a su fuente y beneficiarle. A finales de 2020 se produjo una operación similar con este mismo confidente.

En cuanto a los investigados que no son policías, se les imputan delitos contra la salud pública, conspiración para cometer un delito contra la salud pública, aprovechamiento de información privilegiada obtenida de un funcionario y receptación.