La investigación judicial apunta a que un policía de Mérida participó en la venta de drogas
El principal implicado aparece en todos los hechos investigados y es considerado por el juez el director del grupo
La investigación judicial contra los cinco miembros del grupo antidroga de Mérida imputa como organización criminal a todos los agentes, pero el grado de implicación ... no es el mismo en todos los casos.
El auto destaca la participación de J. G., un policía que está presente en prácticamente todos los hechos considerados delictivos y al que el juez otorga un papel predominante, ejerciendo las labores de dirección y coordinación que debería tener el inspector jefe del grupo.
De hecho, una de las claves que dio impulso a la investigación fue que un juzgado de Torrevieja alertó de la estrecha relación que se había apreciado entre este agente de Mérida y uno de los implicados en una organización de tráfico de drogas asentada en Murcia y Alicante.
El auto también señala que J. G. era quien tenía contacto con uno de los confidentes, a quien posteriormente se ayudaba para que saliera exonerado de operaciones antidroga.
Junto a esto, el auto señala que tras una operación pactada con un traficante, y al margen del resto del grupo policial, se ofreció para trabajar juntos en la venta de drogas, en concreto cocaína, actuando como intermediario de otro de los imputados en la investigación.
Las conversaciones intervenidas en el teléfono de este agente evidencian que llegó a participar de forma activa en transacciones ilegales, ofreciendo sus servicios a los suministradores para establecerse en Mérida y facilitando compradores en la ciudad.
El auto judicial recoge que colaboró en la organización de un transporte de hachís procedente de Marruecos, e incluso participó en la operación aportando el dinero de parte de la mercancía. «El contenido de las conversaciones es muy explícito», reseña el juez, «y refleja que no sólo hace de intermediario, con expresiones como 'cuánto gano yo de cada caja', sino que también está interesado en adquirir hachís para él mismo».
El juez también plantea la necesidad de depurar la responsabilidad civil de la mujer de este agente como partícipe a título lucrativo de los hechos imputados a su marido. Según el auto, entre 2017 y 2021 el matrimonio contó con una fuente de financiación ajena a sus actividades profesionales. En concreto, se han identificado 87 ingresos en efectivo por cerca de 77.500 euros, de los que 55.500 se ingresaron en el último año con sucesivas operaciones de 900 a 950 euros. Este dinero podría servir para resarcir el daño causado.
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