Jueces y fiscales extremeños, satisfechos por el impacto de la huelga

Por su parte, la fiscal Clara Pina, representante en Extremadura de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, otra de las cinco asociaciones convocantes de este paro, ha indicado que también carece de datos oficiales, pero también se muestra satisfecha con el impacto. Ella trabaja en Mérida y, aunque se encuentra de vacaciones, ella se hubiera sumado. En cualquier caso, ha estado pendiente de lo que ha ido ocurriendo estos tres días. «He notado –ha explicado a este diario esta mañana– que tanto jueces como fiscales han estado muy receptivos y he visto bastante apoyo. Y aunque no todo el mundo haya hecho huelga lo que sí he percibido es que hay unanimidad en el rechazo a las medidas que propone el el Gobierno».

La jueza Patricia Gutiérrez ha recalcado a este diario que este paro de tres días «es por la independencia judicial, no para la mejora de nuestras condiciones, por lo tanto lo que estamos luchando es por los derechos de los ciudadanos».

Como se sabe, el origen del conflicto se remonta a tres medidas que, en opinión de jueces y fiscales, amenazan su independencia. Además, están siendo impulsadas por el Ministerio de Justicia con carácter urgente sin tratarse de una demanda o clamor social. Estas tres iniciativas que han motivado este paro de tres días son la reforma del acceso a la judicatura, la estabilización extraordinaria de jueces sustitutos y la modificación del estatuto fiscal.

Según la jueza cacereña Patricia Gutiérrez, hay algunos jueces que no tenían hoy señalamientos y no han hecho huelga, pero en cualquier caso se ha atendido durante estos días todo lo urgente, como órdenes de alejamiento, detenidos, asuntos relacionados con menores, discapacidad o violencia de género.

La protesta ha sido convocada por cinco asociaciones: la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

Esta es la sexta huelga de jueces de la democracia, aunque el derecho de estos colectivos a secundar un paro sigue en un limbo legal. Según explican desde la AJFV, aunque el derecho de huelga no se reconoce como tal en este colectivo, «esta es una huelga pura y dura, ya ha habido antes cinco en España y como tales se han reconocido en diferentes resoluciones». En base a esto, añade la asociación, deberían ser los empleadores los que establecieran los servicios mínimos, así como difundir los datos oficiales del impacto, y esto correspondería a la Fiscalía General del Estado (para los fiscales) y al Consejo General del Poder Judicial, y en el caso de Extremadura al Tribunal Superior de Justicia (los jueces).

Según han indicado esta mañana a HOY desde el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, los datos oficiales facilitados al ministerio por los Secretarios de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, referidos a toda España, no tienen datos por comunidades autónomas y la incidencia del paro el 2 de julio (miércoles), a nivel nacional, fue del 30,84%, y el lunes, 1 de julio, fue del 28,75%.