José Luis Navarro

Expresidente de Enresa

«Los residuos no tienen color político»

Navarro compareció este lunes en la Asamblea de Extremadura para mostrar su opinión sobre la proposición de ley presentada por Vox, que plantea reducir la denominada tasa Enresa, el pago que deben realizar las centrales nucleares a esta empresa pública por la gestión de los residuos generados por su actividad.

El pasado mes de junio esta tarifa se elevó un 30%. La formación de Abascal propone que regrese al valor que tenía en 2019, lo que supondría una rebaja del 35%, para reducir la carga fiscal y evitar el cierre de Almaraz, que es el debate de fondo que plantea esta cuestión.

PSOE y Unidas por Extremadura presentaron sendas enmiendas contra esta propuesta, pero fueron rechazadas en abril gracias a los votos de Vox y PP. Tras esto, la iniciativa ha pasado a la Comisión de Hacienda, que este lunes acogió la primera de las dos sesiones de comparecientes propuestos por los grupos parlamentarios para que den su opinión sobre el texto. Este martes tendrá lugar la segunda jornada con la participación de representantes de asociaciones empresariales, de la plataforma 'Sí Almaraz' y del Foro Nuclear. El miércoles se abrirá el plazo de presentación de enmiendas. Si la proposición de ley es finalmente aprobada en el Parlamento regional, se elevará al Congreso de los Diputados para su debate.

José Luis Navarro, quien también fue consejero de la Junta de Extremadura en el Gobierno del socialista Fernández Vara, compareció a petición del PSOE. Como explicó, la llamada tasa Enresa no tiene en realidad carácter fiscal, sino que está destinada a costear la gestión de los residuos radiactivos cuando cese la actividad de las centrales nucleares. Como expuso, el calendario de cierre previsto apunta a que el último reactor deje de funcionar en 2035, mientras que Enresa tiene un plan de actividad hasta 2100. Por ese motivo, considera que hay que ser riguroso en el cálculo de costes futuros por unos desechos que se están generando ahora. De lo contrario, deberán asumir ese gasto unos ciudadanos que ni siquiera habrán consumido esa energía en lugar de las empresas que han producido los desechos.

Según expuso, Enresa ya ha recaudado unos 8.000 millones de euros para esa futura gestión, que en 2023 se valoró en más de 20.000 millones de euros. Por eso pide sacar del debate ideológico lo que considera una cuestión técnica. «Los residuos radiactivos no tienen color político», afirmó. Además, señaló que cualquier rebaja de la llamada tasa Enresa implicará más beneficio para las compañías eléctricas.

La extremeña Pilar Lucio, consejera del Consejo de Seguridad Nuclear, coincidió en señalar que el tratamiento de los desechos nucleares trasciende los intereses particulares actuales. Exdiputada socialista, también compareció a petición del PSOE y afirmó que «una financiación adecuada es un requisito ineludible para garantizar la gestión segura de los residuos radiactivos».

A propuesta de Unidas por Extremadura compareció Antonio Turiel, físico e investigador del CSIC. Como indicó, la nuclear permite dar estabilidad al sistema eléctrico, ofrece gran potencia con alta disponibilidad y produce pocas emisiones contaminantes. Sin embargo, ofrece problemas en la gestión de residuos, hay escasez de uranio y además presenta costes muy elevados. Asimismo, apuntó que «no es el sistema que mejor se adecúa a un apagón» por sus dificultades para reiniciarse con rapidez. Por ese motivo, propone un cierre ordenado y una reconversión «que es inevitable», así como apostar por las renovables, aunque con limitaciones a una integración masiva.

A petición de la coalición de izquierdas también intervino Cristina Rois, de Ecologistas en Acción, quien indicó que bajar la tasa Enresa implicaría perder financiación para el desmantelamiento de las centrales y la gestión de los residuos, lo que considera un riesgo para el medio ambiente. «Alargar la vida de las nucleares empeora el problema y aumenta el coste de los residuos», afirmó. Juan Serna, ex consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Medio Ambiente de la Junta, señaló que la energía nuclear «ni es barata, ni es verde, ni es segura», y apuntó que el apagón de la semana pasada mostró las dificultades de esta tecnología para reincorporarse a la producción, por lo que considera que «se puede vivir sin nucleares perfectamente» y que hay que apostar por las renovables. Y José Janelas, de la asociación ecologista Quercus de Portugal, expuso que plantas como la de Almaraz son un peligro para el país vecino, por lo que se mostró a favor de su cierre. Asimismo, afirmó que en el río Tajo se han descubierto valores radiactivos más elevados que en el resto del territorio luso.

A propuesta de Vox acudieron tres trabajadores de Almaraz, que expusieron el impacto que supondría el cierre de la planta. Jorge Martín, quien lleva catorce años trabajando en la central, recordó que produce cerca del 7% de la energía que se consume en España y que «no hay ningún motivo ni técnico ni medioambiental» para cerrar una planta que podría seguir incluso hasta 2063, ya que se trata de un referente a nivel mundial. En cuanto a los residuos, considera que la solución pasa por un almacén geológico profundo o por reactores de nueva generación que emplean combustible usado. Además, recordó que paga 435 millones de euros en impuestos, de los que 100 se quedan en Extremadura. Según dijo, esta carga fiscal supone una asfixia económica para una empresa que genera 1.000 empleos directos, 2.100 indirectos y otros 1.200 en las operaciones de recarga. A su juicio, el cierre supondría condenar al Campo Arañuelo a la despoblación.

Eduardo Navas, miembro del comité de empresa de la central, destacó que las nucleares garantizan la producción cuando no hay posibilidades de generación renovable por falta de sol o viento y además dan estabilidad a la red. Como indicó, el apagón de la pasada semana se produjo por un exceso de producción de renovables, que presentan unas limitaciones técnicas (falta de regulación e incapacidad de absorber la energía reactiva) que no tiene la nuclear. Además, aseguró que el cierre de Almaraz obligaría a depender del gas para obtener energía, por lo que considera necesario adaptar la presión fiscal a la situación actual para evitar cierres prematuros.

Para Juan Antonio Arjona, ingeniero de diseño en la planta, la energía que produce la central es fundamental para industrializar Extremadura. Además, destacó que es un referente mundial y una empresa que genera 4.000 empleos, por lo que pidió a los diputados que «peleen por la continuidad de Almaraz».