Incertidumbre entre las familias de 7.000 alumnos extremeños por el transporte escolar

Las familias de 7.000 alumnos extremeños están intranquilas ante la falta de transporte escolar a pocas horas de que comience el nuevo curso. Este jueves, 11 de septiembre, se inician las clases y hay 242 rutas sin empresas que se encarguen de prestar el servicio. Ninguna se presentó a la licitación que convocó la Junta y ahora están en el medio de una polémica que incluso ha llegado a los tribunales. 

«Hay mucha incertidumbre y preocupación porque el curso empieza ya y hay muchas rutas de transporte sin adjudicar. Nos escriben los padres para ver si tenemos información, pero por el momento no sabemos nada», lamenta Maribel Rengel, la presidenta de la Federación Regional Extremeña de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Centros Públicos (Freampa).

Según indica, se ha puesto en contacto con la Secretaría General de Educación, que se ha comprometido a informales de los avances que se vayan produciendo. «Queremos confiar en que haya una solución o que al menos pongan un parche, pero lógicamente las familias no están tranquilas y por ahora no tenemos ninguna alternativa», afirma Rengel.

La última noticia que tienen en torno a este asunto es que la Junta ha convocado este martes, a dos días del inicio de curso, una licitación de urgencia para intentar cubrir las rutas que quedaron desiertas porque ninguna empresa participó en el concurso. Las interesadas en la licitación tiene de plazo para presentarse hasta las doce de la noche de este martes.

Ante este situación la Junta incide en que está trabajando para garantizar todas las rutas escolares y lanza un mensaje de calma a las familias. «No tengan duda de que nuestro Gobierno trabaja mañana, tarde y noche para que ese servicio sea una realidad», asevera la portavoz del Ejecutivo regional, Elena Manzano.

Trabaja contra el reloj para que todos los escolares (16.000 alumnos que utilizan las 579 líneas de la región) empiecen las clases con los autobuses que les llevan a sus centros educativos. De hecho, este martes ha habido una reunión 'in extremis' mantenida entre la presidenta regional, María Guardiola, y la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, con representantes del sector.

En concreto, la cita fue con empresarios y asociaciones que sí han acudido a las licitaciones de las líneas de transporte escolar, tal y como ha indicado la portavoz de la Junta, Elena Manzano, tras el Consejo de Gobierno.

«Son una parte mayoritaria del sector que sí cumple con el compromiso acaecido en 2024, cuando llegamos por unanimidad a impulsar un acuerdo marco con una mejora muy importante, con un incremento del precio de hasta el 20% en algunas rutas y del 50% para otras, lo que suponía una inversión de 16 millones de euros», afirmó Manzano en la mañana de este martes.

La mayoría de las empresas suscribió dicho acuerdo y se presentó a la licitación, según indica la Junta. «Un acuerdo suscrito por unanimidad que incumplen una minoría porque chantajean y pretenden una subida en el precio que previamente hemos acordado», insistió Manzano.

Hay que recordar que la Junta ha denunciado por la vía penal a «un grupo minoritario» por supuestas coacciones. Se trata de empresas que no se presentaron a la licitación, pese a haber firmado un acuerdo marco en 2024 en el que se fijaban los precios y condiciones de estas rutas de transporte escolar, según explica el Ejecutivo regional.

«Las prácticas denunciadas tienen como fin alterar el precio de los contratos, obteniendo su adjudicación por un valor muy superior al que estas mismas empresas, que son una minoría, suscribieron en el acuerdo marco», aseguró la Junta de Extremadura un día después de interponer la denuncia el pasado jueves por la noche.

«No vamos a ceder a coacciones. Coacciones a las que una parte minoritaria somete al resto de empresas para que estas rutas no sean prestadas. Está en juego el acceso de 7.000 niños a los colegios», añadió Manzano.

En la denuncia, el Ejecutivo solicitaba medidas cautelares para intentar garantizar el servicio y del asunto se encarga el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 5 de Mérida. Por el momento, no se han pronunciado, pero se espera que lo haga entre este miércoles y el jueves, justo cuando comienzan las clases.

Manzano asegura que la Junta «ha acudido a la vía judicial con el convencimiento de que puede prosperar». Dice que «este Gobierno trabaja con arreglo a la ley y para garantizar ese derecho esencial de todos los extremeños de acceder a la educación». Insiste en que «el Gobierno no está dispuesto a asumir chantajes y coacciones».

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