La huelga de USO ha sido seguida por el 1,3% de los empleados públicos, según la Junta
El sindicato opone que en realidad la han secundado más del 12% de los trabajadores temporales, que son los afectados por los planes de la Administración regional
El 1,3% de los funcionarios de la Junta secundó ayer la huelga convocada por el sindicato USO y la asociación Piltex para protestar por la situación en la que quedarán los interinos con los procesos de regularización anunciados por la Junta. Según los datos que han hecho llegar a HOY, el seguimiento fue de 1,5% en el turno de mañana y del 0,3% en el de la tarde, por lo que la repercusión global fue del 1,3% de los trabajadores públicos.
Pero según USO, esto se traduce en más de 400 trabajadores. Es decir, más de un 12% del colectivo que se ve afectado y que es en realidad el que estaba convocado por la huelga. Es más, añaden que en el caso de los trabajadores que realizan valoraciones de dependencia en el Sepad el seguimiento supera el 70%.
En principio el paro será de seis días, comenzó ayer, seguirá hoy y mañana; y será retomado los días 25, 26 y 27 de este mes. Si para el 30 no hay solución, la intención es convertirlo en indefinido.
Su protesta viene marcada fundamentalmente por el proceso de estabilización de plazas fijas en la Junta. Aseguran que la Junta otoga mucho menos peso a la experiencia y a la formación continua que otras administraciones de la región y del país. Añaden que la legislación permite un margen más amplio.
Según USO, en la propuesta de estabilización de la Junta «hay un mínimo de 3.200 plazas ocupadas en fraude de ley en la Administración General de la Junta de Extremadura». Añaden en una nota que la propuesta presentada «no responde a los intereses de los trabajadores afectados ni de la ciudadanía en general, ya que, si no rectifican y modifican esa propuesta, se producirán miles de ceses que darán lugar a indemnizaciones que en su conjunto podría superar incluso el gasto de la demolición de Valdecañas. Esto lastraría las cuentas públicas y podrían implicar la reducción de servicios públicos al tener que desviar esos fondos para hacer frente a esas indemnizaciones en unos presupuestos públicos que están tan estirados que, cualquier alteración de esta magnitud, puede suponer que se desplomen como una baraja de naipes».
