El Gobierno regional desbloquea el proyecto de ley de la primera universidad privada de Extremadura

El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó el 25 de julio el proyecto de ley de reconocimiento de Uninde. Ese día, un viernes, no se informó de esa reunión ni tampoco se publicó ninguna reseña, como suele ser habitual cada martes.

Como cualquier proyecto de ley, se remitió al Parlamento regional para su tramitación, ya que debe ser aprobado por el Pleno, donde el Gobierno regional del PP no tiene mayoría. Pero para eso primero tiene que ser admitido a trámite y calificado por la Mesa de la Asamblea, un paso que no se llegó a dar.

El 9 de septiembre la Mesa decidió suspender la tramitación del proyecto de ley debido a que el expediente no incluía el informe preceptivo del Consejo de Estado. Por ese motivo, solicitó a la Junta que aportara ese documento o bien que justificara por qué no se había entregado.

Este informe, necesario para la aprobación de los proyectos de ley que elabora el Gobierno regional (y que sin embargo no se requiere para las propuestas de ley que elaboran los grupos parlamentarios, de ahí que en ocasiones se recurra a esa vía), era elaborado por el Consejo Consultivo de Extremadura hasta la disolución de este órgano en el año 2015. Desde entonces, ese documento, que analiza el encaje jurídico de la norma que se propone aprobar, se debe solicitar al Consejo de Estado, aunque su contenido no es vinculante. La Junta está obligada a pedir ese documento, como recoge la legislación autonómica, pero lo cierto es que el órgano estatal no está obligado a aportarlo.

La Junta de Extremadura solicitó ese informe el 4 de abril. El plazo para aportar el documento es de dos meses. Sin embargo, el 13 de junio el Consejo de Estado devolvió el expediente por estimar que faltaban trámites. En concreto, apuntó que el texto debe remitirse de nuevo a la Conferencia General de Política Universitaria. El Gobierno regional consideró que ese paso ya se ha dado, por lo que en julio presentó sus alegaciones y pidió de nuevo respuesta a su consulta. Esa solicitud se registró el 23 de julio.

De esa forma, el pasado martes, 23 de septiembre, se cumplió el nuevo plazo de dos meses previsto para la emisión del informe. Pero como no se ha aportado, el Ejecutivo extremeño decidió trasladar a la Mesa de la Asamblea los motivos por los que no se cuenta con ese documento y solicitar que la tramitación del proyecto de ley siga su curso. Esa decisión se tomó en otra reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno que tuvo lugar este jueves, 25 de septiembre, el mismo día en el que se celebró una sesión plenaria en el Parlamento regional. Tampoco entonces se informó ni de ese encuentro ni de los acuerdos adoptados.

Además, para evitar más retrasos en la creación de la que sería la primera universidad privada de la región, el Consejo de Gobierno pidió que la norma se tramite por el procedimiento de lectura única. Se trata de una posibilidad que permite el Reglamento de la Asamblea y que consiste en que, si así lo acuerda el Pleno, el proyecto de ley se pueda debatir en una sola sesión y exponerse a una sola votación, sin posibilidad de introducir enmiendas. Es una herramienta a la que se suele acudir cuando hay unanimidad, lo que depende del contenido. Por ejemplo, así se hizo el pasado año cuando se aprobó la ley para que Badajoz se pueda acoger al régimen de organización de los municipios de gran población.

La Mesa de la Asamblea de Extremadura suele reunirse cada martes, por lo que previsiblemente el próximo día 30 estudiará el escrito de la Junta. En caso de que se acepten sus argumentos, se calificará y admitirá a trámite el proyecto de ley. De esa forma, podría someterse a la aprobación del Pleno en la primera sesión del mes de octubre, que tendrá lugar el día 9.