La Fiscalía mantiene que el exalcalde de Usagre prevaricó con la fotovoltaica

Los dos primeros están acusados de haber dado viabilidad a este proyecto a pesar de que no contaba con los permisos necesarios, mientras que el tercero es juzgado por presentar una declaración responsable en la que manifestaba que la promotora contaba con los permisos necesarios, algo que no era cierto porque algunas de las autorizaciones todavía no habían sido obtenidas.

El caso ha sido visto en la Sección Primera de la Audiencia de Badajoz, donde se ha celebrado el juicio, pero este jueves ya quedó patente que las posturas iniciales apenas se mueven: la Fiscalía mantiene los cargos y las acusaciones particulares insisten en la culpabilidad, mientras que las defensas insisten en la inocencia y piden que se condene en costas a los acusadores por reclamar una indemnización «extravagante» y «desorbitada».

En el juicio que comenzó el martes tanto el exalcalde de Usagre, Antonio Luna (PP), como la ex primera teniente de alcalde, María Dolores Esteban, han mantenido que concedieron la licencia y levantaron la suspensión por indicación de los técnicos que los asesoraban.

Frente a ellos se han situado las acusaciones, que ponen en valor un informe de la secretaria-interventora del Ayuntamiento de Usagre en el que se alertaba de que la licencia de obra había sido concedida sin contar con los permisos necesarios y se proponía que fuese revisada.

Tras ese informe de la interventora, el alcalde suspendió la licencia, pero pocos días después el alcalde delegó sus funciones en la primera teniente de alcalde para que levantara esa suspensión, lo que permitió el comienzo de la obra.

Esas decisiones son las que se someten a contradicción. La Fiscalía mantiene la acusación, pero en sus conclusiones hizo mención a un informe el oficial mayor de la Diputación de Badajoz, máximo responsable de los servicios jurídicos de esta administración provincial, en el que se consideró conveniente no suspender la licencia porque eso podría conllevar el pago de indemnizaciones a la empresa promotora de la planta si reclamaba perjuicios económicos.

La impresión de la Fiscalía es que la concesión de la licencia urbanística por parte del Ayuntamiento «no tuvo encaje en el derecho administrativo». «Pero aquí se analiza desde el punto de vista penal», prosiguió el representante del Ministerio Público dando a entender que tal vez no sea en la vía penal donde deba dirimirse la esa ilegalidad.

El otro punto de interés en el juicio hace referencia a la declaración responsable que presentó Andreas Hinkelmann como representante de Ecoenergías del Guadiana, la empresa promotora de la planta. En ese documento indicaba que el proyecto ya contaba con los permisos necesarios para que le fuese concedida la licencia urbanística, una afirmación que no era cierta porque todavía no habían sido aprobadas algunas de las autorizaciones.

A Hinkelmann se le acusa de alteración de un documento oficial tras testificar la secretaria-interventora en el juicio que la declaración que presentó en el Ayuntamiento no se correspondía con el documento que había sido redactado por el Ayuntamiento de Usagre, pero la Fiscalía resta valor a esta afirmación porque en la fase de instrucción esta funcionaria aseguró lo contrario. Además, los peritos que han testificado en el juicio afirman que el impreso utilizado era adecuado.

En cuanto a la acusación de falsedad documental, la Fiscalía concluye que no se le puede imputar al representante de la promotora porque se trata de un delito que solo puede cometer una autoridad o un funcionario público.