La Fiscalía contempla una rebaja en la pena de prisión y la defensa pide la absolución

Sin embargo, el Ministerio Fiscal contempla una posible calificación alternativa de los hechos que resultaría más favorable para la procesada. En este caso se la acusaría del delito de uso de documento falso, para el que se proponen 2 años y 6 meses de prisión por contemplarse la agravante de abuso de cargo público.

«Estamos ante un claro ejemplo de dolo eventual porque decidió no esperar a recibir la contestación en la que se le debía indicar si era conveniente o no que se vacunara».

Radicalmente distinto es el planteamiento de Rafael Gil Fernández, el letrado de la defensa. En su opinión, la vacunación de Monserrat Rincón «era exigible» porque esa dosis se estaba administrando al personal que trabajaba en primera línea en los centros residenciales. «Ella tenía que entrar en los centros covid y está acreditado que estuvo en la residencia de La Granadilla».

A ello unió el hecho de que el nombre de la directora provincial del Sepad figurase en el listado que se realizó el 3 de enero. «No hay falsedad en documento público porque en el listado aparece el nombre de mi patrocinada. Igual que se vacunó a los directores de los centros residenciales, mi patrocinada tenía que ser vacunada porque estaba en primera línea. Su única voluntad era proteger a los residentes, por eso se vacunó con total normalidad».

Ahora, debe ser el tribunal de la Audiencia Provincial de Badajoz el que dicte sentencia.

Justo el día en el que Monserrat Rincón se vacunó, la Junta de Extremadura dio a conocer que hasta ese momento se habían recibido en la región 21.725 dosis de la vacuna de Pfizer contra la covid-19. Pero aunque esa era la cantidad, el 4 de enero apenas habían sido administradas el 9% de las dosis: 1.888 vacunas que habían sido inyectadas los días 17 y 30 de diciembre y el 4 de enero. Precisamente ese día, el 4 de enero, fueron administradas 1.135 dosis y una de ellas fue la que se inyectó a Monserrat Rincón.

Debido a la escasez, el protocolo limitaba la vacuna a los centros de mayores, tanto a los residentes como a los trabajadores.

En la provincia de Badajoz se había completado la vacunación en las residencias Rosalba y El Prado (190 vacunas en total). En Badajoz se había terminado de hacerlo en la Virgen de la Soledad y se había comenzado en la de La Granadilla (220 vacunas entre ambos centros).

Ese 4 de enero murieron 5 personas por covid en la región y la cifra acumulada de fallecidos por esta enfermedad ya ascendía a 1.084. En los hospitales había 304 ingresados, 28 de ellos en UCI, y solo en esa jornada se contabilizaron 569 casos nuevos.

En los diez meses que habían transcurrido desde que se declaró la emergencia sanitaria los laboratorios habían trabajado contrarreloj para desarrollar una vacuna que comenzó a llegar a la región, casi con cuentagotas, en los últimos días de diciembre de 2020. Debido a la escasez, las autoridades sanitarias decidieron que sólo fuese administrada al colectivo más vulnerable, compuesto por personas de edad que vivían en residencias y los trabajadores de estos centros.

Ese era el contexto cuando trascendió que a la responsable de las residencias en la provincia de Badajoz le habían administrado la vacuna. La noticia causó un gran revuelo político y nueve días después Monserrat Rincón, que ocupaba un cargo de libre designación, presentó su dimisión.

Nueve días después de que le fuese administrada la vacuna, Monserrat Rincón presentó su dimisión en el cargo.

El protocolo que estaba en vigor limitaba la vacuna a los mayores que vivían en residencias y al personal de estos centros.