Más familias de víctimas del terrorismo piden en el juzgado la indemnización que la Junta les niega

Lo han hecho gracias a la mediación de Asexvite (Asociación Extremeña de Víctimas del Terrorismo), fundada en el año 2007 para defender los derechos de este colectivo y que cuenta con 230 asociados. Fue ella quien ofreció a los padres de José María Piris la ayuda legal necesaria para llevar a los tribunales su demanda, que se ha resuelto con éxito porque el TSJ extremeño ha condenado a la Junta a pagarles 26.000 euros, al considerar que está acreditada que el niño era extremeño, una de las condiciones que fija la norma para poder optar a la indemnización. Hay que recordar que el menor falleció a los trece años en Azkoitia (Guipúzcoa), donde vivía, tras explotarle un paquete bomba que se había desprendido de los bajos del coche de un guardia civil al que la banda terrorista había adherido el artefacto.

Uno de los casos que ha llegado a los tribunales de la región es el de un guardia civil que tuvo varios destinos a lo largo de su vida, y que fue asesinado por ETA. Y otro es el de la viuda y los hijos de un extremeño que emigró al País Vasco, donde falleció a manos de los terroristas. En los dos casos, la administración regional denegó a sus familiares la ayuda contemplada en la Ley 2/2020 de apoyo, asistencia y reconocimiento a las víctimas de terrorismo de Extremadura.

Esta norma recoge que pueden optar a la compensación las víctimas de terrorismo a quienes el Estado o una sentencia judicial haya reconocido esta condición. También las de actos terroristas ocurridos en la región, y quienes los hayan sufrido en otro lugar pero tengan «la condición política» de extremeño. Igualmente, quienes hayan sufrido este tipo de violencia y hayan estado empadronados en la región durante al menos dos tercios de su vida.

Según el Estatuto de Extremadura, «ostentan la condición política de extremeño los ciudadanos españoles que de acuerdo con las leyes generales del Estado, tengan vecindad administrativa en cualquiera los municipios de la comunidad autónoma».

La cuantía de las compensaciones es de un 30% de lo que pagara en su momento el Estado, tanto para heridos como para familias de fallecidos, con un tope de 45.000 euros. Es decir, a quien recibiera en su día 100.000 euros, la Junta le pagará ahora 30.000, por poner un ejemplo.

El terrorismo ha matado a lo largo de su historia a 63 extremeños. De ellos, 55 fueron asesinados por ETA, cinco por el Grapo, dos por el terrorismo yihadista (en los atentados del 11-M en Madrid) y uno por la Triple A, una organización de extrema derecha.

En el último año y medio, la Junta ha concedido la medalla de víctima del terrorismo a 161 personas, una de ellas a título póstumo (Valentín Godoy Cerezo). Le otorgó esta distinción a 80 personas en mayo del año pasado, a 56 en agosto, y a 25 más el pasado julio, según recoge el DOE. Además, ese mismo mes concedió otras cuatro no a víctimas, sino «medallas a la defensa de las víctimas del terrorismo».

«En la sentencia del caso del niño José María Piris, lo que hace el TSJ de Extremadura es fijar que la víctima sí tienen la condición política de extremeño», explica Segundo Berjano, el abogado contratado por Asexvite para asistir a sus asociados. «Acreditar la residencia en la región no es tan sencillo como pudiera pensarse», advierte el letrado. «Porque una vez que se implantó el empadronamiento electrónico –amplía–, hubo ayuntamientos que dejaron de guardar la documentación». Esto hace que se tenga que recurrir a otras fuentes, como puede ser la hoja de servicios profesionales.

En cualquier caso, el requisito de haber residido en la comunidad durante al menos dos tercios de la vida ha sido denunciado como injusto en más de una ocasión por los familiares de las víctimas, porque algunos de los asesinados por terroristas no vivían en la región por motivos profesionales pero mantenían ellos y sus antepasados y descendientes un vínculo con ella que no se rompió con la distancia.

«Y hay que tener en cuenta la gran emigración extremeña de los años 60 a 80, que hizo que miles de ciudadanos de la región (se estima que fueron entre 350.000 y 400.000) salieran de ella con gran dolor, como algo necesario para poder subsistir», apunta Berjano, que califica la reciente sentencia del TSJ extremeño en el caso de José María Piris como «tremendamente razonada y muy justa». En base a ella, es previsible que la Sala de lo contencioso-administrativo resuelva los otros casos pendientes en la misma dirección. «El espíritu de la ley –concluye el abogado– es que el terrorismo no gane por mucho tiempo que haya pasado, y la implicación real de la administración con las víctimas y sus familiares pasa por concederles una compensación económica».

Para José María Antón, presidente de Asexvite, «es de agradecer que Extremadura haya aprobado una ley que concede a las víctimas del terrorismo la misma consideración que otras comunidades que ya tenían una similar, como Andalucía, Comunidad Valenciana, La Rioja o Castilla y León, entre otras».

Ha sido, explica Antón, una década y media de trabajo insistente. «La primera vez –recuerda el presidente de la asociación– que planteamos la necesidad de una ley como la aprobada hace cuatro años fue en 2005, con Rodríguez Ibarra como presidente de la Junta. En el año 2013 intentamos hacer un desarrollo reglamentario, pero la Junta de entonces no nos hizo ningún caso. En 2015 lo retomamos y finalmente se aprobó en 2020».

HOY preguntó el pasado martes a la Junta de Extremadura cuántas extremeños han cobrado la indemnización por víctima del terrorismo y cuántos la han solicitado, pero la petición no recibió respuesta.