Un fallo en la descarga de los correos de Azagra obliga a la UCO a volver a la Diputación de Badajoz
El hermano de Pedro Sánchez regresó al palacio provincial tras ser informado de las nuevas diligencias judiciales
No estaban todos los datos que buscaban y este jueves regresaron para incautarlos. Esa es la explicación que justifica la segunda visita que ha realizado ... en el plazo de pocos días la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al palacio provincial de la Diputación de Badajoz.
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Los agentes llegaron pasadas las 9.00 de la mañana y de nuevo comunicaron a los funcionarios que tenían la intención de descargar las comunicaciones que no consiguieron rescatar del servidor de la Diputación en la visita que realizaron el miércoles 10 de julio.
Aquel día se presentaron por sorpresa, acompañados por la letrada del Juzgado de Instrucción numero 3 de Badajoz, para llevar a cabo una diligencia con la que buscaban descargar del servidor central de la Diputación las comunicaciones enviadas y recibidas por nueve personas que pueden tener alguna relación con la contratación de David Azagra (hermano de Pedro Sánchez) como coordinador de actividades de los Conservatorios de Música del Área de Cultura de la Diputación en junio de 2017 y su posterior cambio de puesto para ocupar la plaza de jefe de la oficina de Artes Escénicas
Las diligencias judiciales hacían referencia a los correos electrónicos corporativos (no los personales) de David Azagra y de otras ocho personas. En concreto, a las comunicaciones enviadas y recibidas desde el 1 de enero de 2016 hasta la actualidad.
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Esos email oficiales en investigación son los que utilizan el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y los exdiputados provinciales Cristina Núñez, Antonio Garrote y Francisco Martos. A ellos se unen los del actual director del área de Cultura, Deportes y Juventud de la Diputación, Manuel Candalija; Elisa Moriano, que según ha informado ABC, propuso la modificación de la relación de puestos de trabajo (RPT) de la institución y formó parte de la comisión que seleccionó al candidato; el entonces jefe de servicio de gestión de Recursos Humanos, Félix González, que actuó como secretario de la comisión; y la entonces directora del Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social, Emilia Parejo.
El día 10 de julio los trabajos de extracción de datos se prolongaron durante horas, pero cuando los agentes de la UCO han comenzado a analizar las comunicaciones se han percatado de que faltaban documentos referidos al email del hermano de Pedro Sánchez, razón por la que este jueves regresaron a la Diputación.
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Fuentes conocedoras de lo sucedido han confirmado a HOY que también se desplazó al palacio provincial David Sánchez Pérez-Castejón tras ser informado de que iban a ser extraídos los datos de su correo que, por un error informático, no pudieron ser descargados durante la primera visita.
Eso ha hecho que David Azagra haya recorrido de nuevo los escasos metros que separan la Diputación de Badajoz de su oficina de trabajo, que se encuentra en un edificio propiedad de la Diputación ubicado justo enfrente de la Catedral de Badajoz.
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En torno a las 13.00 horas los especialistas informáticos de la UCO se han marchado con las comunicaciones incautadas. El objetivo ahora es determinar si existe algún email que pueda aportar información relevante a una causa que tiene abiertas dos líneas de investigación diferentes: por una parte, la contratación de David Azagra por la Diputación de Badajoz; por otra, el origen de los bienes que, según denuncia Manos Limpias, posee el hermano del presidente del Gobierno.
De momento, el juzgado tiene abiertas diligencias de investigación contra el propio David Sánchez Pérez-Castejón; el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo; y el jefe del Servicio de Apoyo Jurídico e Inspección del Área de Recursos Humanos de la Diputación por posibles delitos delitos contra la Administración Pública, contra la Hacienda Pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias. Todo ello tiene su origen en la denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias.
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