Extremadura tarda dos años en valorar el grado de discapacidad, el mayor retraso del país
Cermi culpa a la escasez de personal y a «un procedimiento lento y difícil»
R. H.
Martes, 30 de enero 2024, 13:39
Extremadura y Canarias son las dos comunidades autónomas que acumulan mayor retraso para obtener la valoración del grado de discapacidad, que en ambas regiones asciende a dos años. A continuación se sitúan Andalucía y Castilla-La Mancha, con 18 meses. Las causas principales son la escasez de personal, seguida de «un procedimiento lento y difícil».
Este es uno de los datos que se extraen del informe 'Cermi Espacio Digital. Territorios conectados' elaborado a partir de información obtenida por los Cermis autonómicos en el que se analiza el tiempo medio para obtener la valoración del grado de discapacidad, desde que se solicita, en comunidades y ciudades autónomas.
El informe examina el tiempo máximo en meses para emitir resolución en 2023. El plazo máximo oscila entre los dos años de Canarias y Extremadura y los 18 meses de Andalucía, Castilla-La Mancha y Asturias, los cinco territorios que acaparan mayor tardanza.
Badajoz, a la cabeza
En concreto, y diferenciando los datos por provincias/ciudades, el informe revela que Badajoz, Cádiz y Granada, Albacete y Toledo y Avilés son los que mayor dilación en el tiempo presentan a la hora de conseguir el grado de discapacidad.
En cambio, Castilla y León (con cuatro meses) es la comunidad autónoma con menos demora, seguida de País Vasco (5), Comunidad de Madrid (9), Comunidad Valenciana (10), Navarra (11), Galicia y Cantabria (12), Aragón (13), Cataluña (14 meses), Baleares (15) y Murcia (16).
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El 94,74% de los territorios tiene como causa principal de esta demora la escasez de personal y el 78,95% se debe a la existencia de procedimientos lentos y complejos. Según este informe, la insuficiencia de centros no es una causa tan determinante en el retraso en la valoración, siendo esta del 36,84%.
El Cermi Estatal remitirá este informe al Defensor del Pueblo con la petición de que investigue estas dilaciones, que causan un enorme perjuicio a las personas con discapacidad y a sus familias, ya que la valoración de la discapacidad es la puerta de acceso al sistema de apoyos y prestaciones de las Administraciones Públicas que se reciben por razón de discapacidad en España.
