Extremadura se suma a las comunidades del PP y planta a la ministra Sira Rego

Son unos 3.000 menores aproximadamente de Canarias, Ceuta y Melilla los que se quieren redistribuir entre los diferentes territorios de la península para amortiguar así la crisis migratoria que sufren las islas y las ciudades autónomas, con sus dispositivos de acogida desbordados.

Sin embargo, el PP mantiene su negativa a un reparto impuesto y no negociado y que, desde su punto de vista, vulnera el principio de igualdad territorial. Este es, de hecho, uno de los motivos alegados por el Gobierno extremeño en el recurso de inconstitucionalidad que ha interpuesto contra el decreto nacional.

La portavoz de la Junta, Victoria Bazaga, justificó la interposición de este recurso en que «esta normativa invade competencias exclusivas» del Ejecutivo regional en materia de protección de menores, «vulnera principios como la autonomía y la lealtad institucional», y también «recurre de forma indebida al Real Decreto Ley para afrontar una situación que, lejos de ser extraordinaria, es estructural».

Aunque en un principio estaba previsto que llegaran a la región 169 menores migrantes no acompañados, fruto del acuerdo entre Gobierno y Junts, los últimos datos rebajan la cifra a 159 y para esta acogida el Ejecutivo autonómico recibirá 2.074.950 euros.

Para llevar a cabo el reparto, se han tenido en cuenta los datos aportados por las comunidades sobre sus diferentes redes de acogida y, según el Gobierno central, Extremadura cuenta con una capacidad ordinaria de 344 plazas y tiene ocupadas 374. No será, en cualquier caso la comunidad que más migrantes menores no acompañados reciba. En función de la distribución adelantada en diferentes medios nacionales por el Ministerio de Juventud e Infancia, serán Andalucía (677), Madrid (647) y la Comunidad Valenciana (571).

El Ejecutivo autonómico no ha rechazado de manera explícita la acogida de más menores migrantes por parte de la comunidad, pero sí que el reparto y sus condiciones no se hayan negociado ni llevase aparejada la transferencia de más fondos por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez a las regiones, cuestión esta que ahora ha sido resuelta por el Gobierno.