Extremadura recurrirá ante el Constitucional el reparto de menores migrantes

Así lo ha anunciado la portavoz de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, en rueda de prensa este miércoles tras el Consejo de Gobierno en el que se ha acordado la interposición ante el Tribunal Constitucional de este recurso contra el Real Decreto de Ley 2/2025, que establece el reparto forzoso de menores extranjeros no acompañados entre comunidades autónomas, recoge Europa Press.

En su intervención, la portavoz de la Junta de Extremadura ha justificado la interposición de este recurso en que «esta normativa invade competencias exclusivas» de Ejecutivo regional en materia de protección de menores, «vulnera principios como la autonomía y la lealtad institucional», y también «recurre de forma indebida al Real Decreto Ley para afrontar una situación que, lejos de ser extraordinaria, es estructural».

Según ha señalado Bazaga, este decreto «afecta a derechos fundamentales, como la libertad o la educación, altera el régimen constitucional de las comunidades autónomas y además, no garantiza la financiación necesaria para atender a los menores trasladados».

Por tanto, se trata, a su juicio, de «una medida impuesta por el Gobierno central de manera unilateral, sin respetar los principios de cooperación y solidaridad que deben regir en el Estado autonómico», ha concluido.

Estaba previsto que el pasado lunes, el Gobierno central desvelara a las comunidades autónomas cómo quedaría el reparto de menores extranjeros no acompañados que actualmente se encuentran hacinados en Canarias y Ceuta, según el decreto ley aprobado por el Congreso de los Diputados hace dos semanas. Sin embargo, la convocatoria fue anulada debido al apagón eléctrico.

La Conferencia Sectorial de Infancia que se iba a celebrar por la tarde en Madrid se presentaba como un escenario clave para debatir el destino de estos menores, con especial atención a las discrepancias entre las autonomías gobernadas por el PP, muchas de las cuales ya han recurrido la medida o anunciado que lo harán ante el Tribunal Constitucional.

Con el anuncio este miércoles de Bazaga, Extremadura desvela su posición en este tema. Hasta ahora, el último posicionamiento data del pasado 7 de abril, cuando la presidenta de la Junta, María Guardiola, avanzó que en la actualidad la comunidad no podría acoger más menores si el Gobierno de España no financia para poder contratar más recursos que permitan atender a esos niños «como merecen».

«Ahora mismo no podríamos acoger más niños a no ser que el Gobierno de España nos financie y podamos contratar más recursos para poder atender a estos niños como merecen», dijo Guardiola entonces, quien incidió además en que la capacidad de acogida de la región «está superada».

«Estamos acogiendo ahora mismo un 111% con respecto a nuestra capacidad», subrayó la presidenta extremeña en una comparecencia, y recordó además que la Junta ya facilitó los datos al Gobierno central el pasado 30 de marzo. «Ya pusimos de manifiesto que nuestra capacidad de acogida está superada», remarcó. En cifras, esto quiere decir que la Junta acoge a 90 menores a pesar de que el número de plazas disponibles es de 80.

En todo caso, reiteró que la Junta «siempre va a cumplir la legalidad» en esta materia y va a atender a los menores que llegan «jugándose la vida», toda vez que «la cuestión de la humanidad está por encima de cualquier cosa».

El pasado 7 de abril, el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, lamentó que algunas comunidades como Extremadura declaren que no pueden acoger a más menores migrantes alegando que ya acogen a 90 niños y que sus centros están «desbordados», cuando el archipiélago atiende a más de 5.700. «Cuando oigo este tipo de declaración me entristezco. Creo que lo que tiene que primar es el principio de solidaridad entre las comunidades autónomas», ha dicho Cabello tras ser preguntado por los medios en relación a las declaraciones realizadas por el Gobierno de Extremadura.

«Si Extremadura tiene 80 plazas, lo que tiene que hacer es habilitar algunas más como se ha hecho en Canarias, igual que se hizo en su momento cuando llegaron los menores ucranianos», agregó.