Extremadura recibirá el próximo año 3.275 millones del sistema de financiación
La cifra será ligeramente superior a la de este año gracias a que la caída por impuestos se compensará con fondos adicionales del Gobierno
Dos fondos extraordinarios del Gobierno permitirán a las comunidades autónomas mantener su nivel de ingresos en 2022, con lo que Extremadura contará con la financiación necesaria para sortear los efectos de la crisis de la covid y además mantener los servicios fundamentales de sanidad y educación.
El Ejecutivo regional termina más que satisfecho con la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en la que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha informado a las comunidades del reparto del sistema de financiación del próximo año.
La comunidad recibirá 3.315 millones de euros, casi 95 millones más que este año. Pero a esa cantidad hay que restar el dinero que aún hay que devolver por lo recibido de más en 2009, con lo que serán 3.275 millones.
Ese incremento será posible gracias al esfuerzo que realiza el Gobierno central. De entrada, para el próximo ejercicio se prevé una caída de ingresos por impuestos como el de la renta y el IVA, acorde con una situación económica que tarda más de lo esperado en recuperarse. Pero esa rebaja no será tan grande debido a que ya se apuesta por un crecimiento decidido.
A eso se unen dos fondos adicionales. Por un lado, el Gobierno pondrá 3.900 millones de euros para asumir la caída de recaudación de 2020. El sistema de financiación funciona con previsiones a partir de ejercicios cerrados con dos años de diferencia. De esa forma, los ingresos obtenidos en 2018 sirvieron de base para calcular las entregas a cuenta de 2020. Pero la crisis sanitaria hizo que no se cumplieran esas estimaciones, con lo que las comunidades recibieron más dinero del que deberían. Las cuentas se ajustan con la liquidación definitiva, que se produce dos años después, en este caso en 2022. La Junta de Extremadura ya había estimado que tenía que reingresar más de 200 millones de euros.
Sin embargo, el Gobierno ha anunciado que asumirá esa desviación con una aportación extraordinaria a las comunidades.
Compensación del IVA
A esto se sumará otra entrega extra de 3.100 millones de euros para compensar a las comunidades autónomas por la reforma del IVA que tuvo lugar en 2017.
Entonces se modificó el sistema de pago del impuesto, lo que hizo que el último mes del año pasar a contabilizarse al siguiente ejercicio. Eso llevó a que en vez de doce meses se ingresaran once, lo que afectó a las entregas a cuenta a las comunidades autónomas. Como se ha explicado, la previsión de ingresos se hizo sobre el año entero. Pero faltó un mes y no llegó ese dinero.
Los ejecutivos regionales, entre ellos el extremeño, reclaman desde entonces una solución. El Gobierno del PSOE buscó una fórmula para pagar, pero su propuesta fue rechazada y dio el asunto por zanjado. Sin embargo, el Supremo ha dado este año la razón a las comunidades que acudieron a los tribunales, lo que ha obligado a plantear una solución.
Finalmente, el Gobierno asumirá ese pago. Algo que da la razón a la Junta, que reclamaba en torno a 76 millones (cerca de 90 si se suman los intereses) pero que insistía en que no era necesario plantear un litigio.
Por todo ello, la vicepresidenta y consejera de Hacienda de la Junta, Pilar Blanco-Morales, valoró ayer de forma positiva las nuevas medidas de apoyo financiero y agradeció el esfuerzo del Gobierno por garantizar los recursos necesarios para hacer frente a la pandemia.
Extremadura tendrá este año más de 300 millones adicionales
La reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera ha dejado otra pequeña victoria para el Ejecutivo regional. En el encuentro se ha acordado el criterio de reparto de los 13.486 millones de euros comprometidos por el Gobierno para este año para compensar el déficit de las comunidades autónomas que se produjo el pasado ejercicio debido a la caída de actividad. El Ministerio de Hacienda preguntó en mayo a los gobiernos regionales qué modelo seguir, el reparto en función del PIB (lo que habría reportado a Extremadura unos 220 millones de euros) o por población ajustada, un término que se emplea en el sistema de financiación y que tiene en cuenta cuestiones como la edad de la población, la dispersión y la superficie. Eso supondría para la región llegar a unos 320 millones.
La Junta, como la mayor parte de las comunidades, apostó por este último sistema, que ha sido el que se ha aprobado. El Gobierno regional defiende que es más justo, porque cumple con los principios de suficiencia, solidaridad y equidad reconocidos en la Constitución.
