Extremadura pide una prórroga para los centros de crisis para víctimas de violencia sexual

Estos centros, financiados con fondos del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia (MRR), deben estar en funcionamiento antes del próximo 31 de diciembre. Pero la secretaria general de Igualdad y Conciliación, María del Ara Sánchez, reclamó ayer en la sectorial del área una prórroga. Según argumentó, «porque la región ha tenido que partir de cero, circunstancia a la que se une la gran extensión territorial y dispersión geográfica de Extremadura».

Además, «es una región eminentemente rural y es una responsabilidad de los poderes públicos llevar todos los recursos posibles a cualquier mujer que pueda ser víctima de violencia de género o violencia sexual en el último pueblo de Extremadura, ya sea lindando con la provincia de Salamanca o con la provincia de Huelva».

La secretaria general de Igualdad aseguró que «desde el pasado noviembre estamos haciendo esfuerzos titánicos para la puesta en marcha de los cuatro centros de crisis, precisamente para intentar atender las necesidades de esta población que tiene Extremadura». Pero se solicita la prórroga «por vamos muy justos de tiempo, y si hubiera algún problema, como el hecho de que se pudiera quedar desierta alguna licitación, estaríamos con verdaderas dificultades». Sin olvidar, agregó, que «el pago del personal técnico de los centros y los suministros básicos no entran dentro de la financiación de los MRR».

Desde Extremadura se insiste en la dificultad de cumplir los plazos, como también han puesto sobre la mesa otras comunidades en la sectorial celebrada, «porque cuando llegó este gobierno se encontró con que tan solo habían ejecutado algo más de 5.000 euros de los 3,4 millones de euros que había para estos centros», y se reclama más tiempo para «no poner en peligro la financiación de todos los centros de crisis de España, cuyo importe asciende a más de 83 millones de euros, que se tendrían que devolver a la Unión Europea si cualquiera de las comunidades autónomas no cumple con el compromiso de tener sus centros funcionando el 31 de diciembre de este año».

No obstante, desde la Secretaría General de Igualdad se asegura que la construcción de los cuatro centros de crisis «va a salir a licitación próximamente por 200.000 euros cada uno, sin contar mobiliario, equipamientos informáticos, y demás útiles necesarios para su funcionamiento».

El organismo que dirige Ara Sánchez defiende la necesidad de contar con «un recurso muy importante para dar una atención integral a las mujeres y niñas que sufran violencia sexual o la hayan sufrido en el pasado, porque, sin duda, será de gran ayuda para su recuperación».