Extremadura dice que no a los criterios de reparto de menores migrantes no acompañados

No obstante, la falta de acuerdo no se ha podido reflejar en ninguna votación, porque según la consejera extremeña la ministra Sira Rego lo ha impedido. De hecho, el Gobierno autonómico ha manifestado su disconformidad con esta decisión en el comunicado que ha hecho público al término de la conferencia sectorial, que se ha prolongado durante casi cinco horas.

«La Junta de Extremadura ha expresado su desacuerdo con la decisión del Ministerio de Infancia y Juventud de no permitir que las comunidades autónomas votaran en la Conferencia Sectorial Extraordinaria de Infancia y Adolescencia, celebrada esta tarde en Madrid, sobre el mecanismo de reparto de menores migrantes no acompañados».

Según ha informado la Consejería de Salud y Servicios Sociales, «durante la sesión se ha vivido una situación inaudita, ya que la ministra Sira Rego ha impedido la votación del principal punto del orden del día, precisamente el que hacía referencia al reparto de menores». Además, ha añadido la Junta, «la convocatoria de la conferencia sectorial extraordinaria no se ha ajustado al reglamento, lo que compromete la validez del procedimiento seguido por el Ministerio».

En su intervención, Sara García Espada ha mostrado su solidaridad con Canarias, pero ha lamentado que el Ejecutivo estatal, «ante su incapacidad de resolver la situación, pretenda disolver el problema entre las comunidades autónomas, sin ofrecer una solución estructural».

Extremadura ha denunciado que las comunicaciones sobre criterios y cifras de reparto «han llegado por vías oficiosas antes que por cauces formales, lo que evidencia una grave falta de rigor y lealtad institucional». García Espada ha incidido en que la región siempre ha actuado con responsabilidad, «aceptando planes de respuesta incluso por encima de sus capacidades», y ha exigido reciprocidad y respeto en la gestión.

Asimismo, la consejera ha comunicado en el transcurso de la reunión la decisión de la Junta de interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto-ley 2/2025, que establece el reparto forzoso de menores, por invadir competencias autonómicas y vulnerar los principios de autonomía y lealtad entre administraciones.

Aunque el real decreto en el que se plasma el pacto entre el Gobierno y Junts para el reparto de menores de migrantes no establece cifras concretas, serán unos 169 los que llegarán a Extremadura en base a los criterios de reparto que se establecen en la norma que sigue sin contar con el respaldo de las comunidades del PP. Entre estos criterios están la población y su dispersión, la renta per cápita, la tasa de paro y el número de plazas de acogida creadas de forma estructural en las comunidades.

Se la circunstancia además, como ha venido explicado el Gobierno regional, que Extremadura no solo no tiene plazas libres en estos momentos para acoger a más menores migrantes no acompañados, sino que el número de acogidos está por encima del espacio disponible.

Según los últimos datos facilitados por la Consejería de Salud y Servicios Sociales, la región acoge a 90 menores en la actualidad a pesar de que el número de plazas disponibles es de 80 plazas, «lo que supone una ocupación del 112,5%, excediendo significativamente la capacidad establecida».

De ahí que la Junta, además de oponerse a los criterios establecidos para el reparto, reclame al Gobierno más financiación para hacer frente a una nueva acogida. En este mensaje ha insistido el consejero de Presidencia, Abel Bautista, antes de que diera comienzo la conferencia de Infancia y Familia.

«La postura de la Junta de Extremadura es la de siempre. Nosotros estamos a disposición de poder prestar un servicio que es el de ser solidarios con otras comunidades autónomas o ciudades autónomas, en este caso con Ceuta, con Melilla, con Canarias, en relación al acogimiento de migrantes», ha asegurado Bautista.

«Pero nos mandan menores inmigrantes a Extremadura –digo la palabra mandan que es grotesca y no debería utilizarla una institución, pero es que es así y lamento decirlo– sin un consenso previo, sin una financiación justa, sin una cuestión de coordinación entre instituciones en la cual podamos prestar un servicio adecuado en materia de educación y en materia de sanidad».

Bautista ha vuelto a defender que no se puede imponer a una comunidad autónoma los menores migrantes que tiene que acoger «sin una financiación adecuada y sin pactar unos servicios mínimos, porque queremos dar una atención digna», y ha criticado que el Gobierno «no ejerza su responsabilidad en esta materia porque está más obcecado en imponer a las comunidades autónomas lo que tienen que hacer que en consensuarlo», aunque, sin embargo, «quede fuera de esa imposición a comunidades autónomas como Cataluña».

Para el consejero de Presidencia, «si Extremadura o Andalucía se llamaran Cataluña y tuvieran el poder que tiene Cataluña con sus votos para aprobar determinadas cosas en el Congreso, aquí no se le impondría ni a Extremadura, ni a Andalucía, ni a Castilla-La Mancha, ni a Castilla y León determinado reparto de menores no acompañados. Esto es lo más lamentable que puede haber en política».