Extremadura cuenta desde julio con el registro de médicos objetores al aborto

La Junta puso en marcha la medida oficialmente con la publicación del Decreto 80/2025, de 15 de julio, con el que se crea y regula el Registro de Objeción de Interrupción Voluntaria del Embarazo (ROIVE), que permite a los sanitarios implicados en el proceso inscribir de manera telemática su declaración de objeción a la interrupción en todos los casos o solo en algunos supuestos.

El registro de Extremadura que está en vigor se adecua a la norma nacional e incluye tanto a los sanitarios de la pública como de la privada. En concreto, a los ginecólogos, anestesistas, médicos de Familia, enfermeros de Obstetricia y matronas que trabajen en la región y que no quieran participar en las interrupciones de los embarazos.

Cada uno de ellos, en el caso de la objeción al aborto, debe realizar la declaración oportuna en el registro y detallar si se niegan a la práctica total de las intervenciones o se oponen a uno o más de los cuatro supuestos establecidos. Estos son: dentro de las primeras 14 semanas de gestación, en las que el aborto se practica a petición de la mujer embarazada; por causas médicas antes de las 22 semanas y siempre que exista grave riesgo para la vida o para la salud de la embarazada y así conste en un dictamen previo de un especialista distinto del que practique la intervención; antes de las 22 semanas ante el riesgo de graves anomalías en el feto y cuando así lo dictamine igualmente un especialista distinto al que lleve a cabo la interrupción; y cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida previo dictamen o cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico y así lo confirme un comité clínico.

Los sanitarios implicados en la interrupción, trabajen en la pública o en la privada, deben presentar su declaración de objeción en el registro y la misma, que podrá ser revocada en cualquier momento por parte del profesional, desplegará sus efectos a las 72 horas de formularse.

Este registro no tiene carácter público, está sometido al «principio de estricta confidencialidad» y al mismo solo pueden acceder, además de los profesionales que lo conformen, las direcciones sanitarias de las que depende garantizar la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo que hasta la fecha no se ha asegurado en los hospitales públicos de la región.

De hecho, Extremadura fue en 2024, último año con casos cerrados, la única comunidad del país, junto con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, en la que se no practicaron abortos en la sanidad pública, como recoge el último informe sobre las interrupciones publicado este mes por el Ministerio de Sanidad.

Cambiar esta situación, garantizar la prestación del servicio en el SES, es el objetivo de una norma que, como establece el decreto extremeño, persigue poder organizar los departamentos, «realizar una adecuada gestión de la prestación del servicio», de tal modo que se garantice el derecho al aborto de las mujeres. «El derecho a la objeción de conciencia no puede menoscabar el derecho humano a la vida, a la salud y a la libertad de las mujeres que decidan interrumpir su embarazo», se recoge en el decreto.

El registro de profesionales objetores al aborto es una medida que establece la reforma de la ley, que impulsó Irene Montero como ministra de Igualdad en 2023. «El registro no es algo opcional, no es una ocurrencia. Es una obligación legal para garantizar que los derechos de los profesionales sanitarios sean compatibles con el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo», ha defendido la ministra de Sanidad, Mónica García, que ha hecho hincapié en que el protocolo para crear estos listados recibió la luz verde del Consejo Interterritorial de Salud, compuesto por ministerio y comunidades autónomas, en diciembre de 2024.

Extremadura ha cumplido con la ley como la mayoría de comunidades. En estos momentos, Andalucía y Asturias tramitan su creación y el Gobierno ha instalado a hacerlo de manera inmediata a Madrid, Aragón y Baleares, las tres regiones que continúan sin cumplir.