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En 1996 robaron de los almacenes del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida un ara funeraria romana del siglo III d. C., la cual ... ha sido recuperada este año en Italia porque la ofrecía un anticuario valenciano en Internet.
También es conocida la historia reciente de un medallón visigodo que fue hallado bajo tierra en 2008 en Peraleda de la Mata (Cáceres). Tras confirmar su valor varios arqueólogos, desapareció para iniciar un periplo en el mercado negro que lo llevó por Barcelona, Suiza y finalmente a una prestigiosa casa de subastas en Nueva York, donde fue interceptado por las autoridades.
En otra ocasión, hace tres años, el dueño de una finca en Llerena encontró una piedra que parecía un toro, resultó ser valiosísima y tuvo que intervenir la Guardia Civil para que acabara en el Museo Arqueológico de Badajoz.
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Extremadura es muy rica en restos prehistóricos, romanos y visigodos. Pero también muy grande. Los 41.000 kilómetros cuadrados de superficie de esta comunidad son demasiados para mantenerlos permanente vigilados, por eso los expolios, voluntarios e involuntarios, pese a las recuperaciones que se divulgan, han sido y son una constante, sobre todo porque son monedas, abalorios y otros pequeños elementos fácilmente ocultables.
El capitán de la Guardia Civil Antonio Manuel Lucero, del Seprona de Cáceres, que tiene una unidad especializada para evitar expolios de yacimientos, explica que no siempre es fácil dar con testigos en una comunidad tan despoblada. Ellos realizan labores de prevención vigilando zonas «potencialmente expoliables» que son yacimientos señalizados .Y cita Cáparra, Botija, Alcántara o la villa romana de Monroy. Pero hay muchos más fincas con tesoros bajo tierra y apela a una mayor concienciación «porque lo que parece que no es de nadie en realidad es de todos», dice.
«Quienes son juzgados –prosigue– suelen alegar que no conocían que estaban en una zona de interés. Pero es que tenemos muchas y si las señalamos todas es contraproducente. La carta arqueológica (que reconoce el valor de cada lugar) es pública pero es a solicitud y si a veces no se ponen carteles es precisamente para proteger el lugar del expolio», indica el capitán Lucero, que también sabe que cuando ha llovido y el terreno está más blando hay más posibilidades de que se den estos delitos contra el patrimonio histórico de la región.
Capitán Antonio M. Lucero
Seprona Cáceres
La herramienta por excelencia para este saqueo a cuentagotas es el detector de metales. Algunos cuestan menos de 50 euros, aunque también se venden por Internet por más de 2.000. Al contrario que en otros sitios con playa, en Extremadura no se conceden autorizaciones para usar un detector de metales, recuerda. «Solo la tienen personas cualificadas como arqueólogos o técnicos de patrimonio. Y luego hay un concurso que periódicamente celebra la asociación extremeña de detectoaficionados en un espacio delimitado que es autorizado y donde ellos esconden sus propias monedas». Todo lo demás que implique el uso de detectores es ilegal, aunque llevarlo en un maletero sin indicios de haberlo usado no esté prohibido, aclara.
En Extremadura, arqueólogos, expertos en patrimonio y fuerzas de seguridad ya alertaron a principios de siglo de la proliferación de detectores de metales, «un uso que no ha bajado porque no requiere nada para su tenencia», reconoce el capitán del Seprona. Esto invita a jóvenes a convertirse en mercenarios del arte dedicados a rastrear fincas movidos por una avaricia que alienta un mercado que mueve mucho dinero.
Solo así se explica la operación Tamussia que duró un año, concluyó en 2024 y permitió recuperar 2.500 piezas arqueológicas del siglo I a.C. (la mayoría monedas de la antigua Roma). Detrás de esta acción estaba un grupo criminal de seis personas que actuaba en la provincia de Cáceres. La investigación se inició al detectar la Guardia Civil muchas pequeñas excavaciones en yacimientos arqueológicos de Cáparra, en el término municipal de Oliva de Plasencia y en el de Villasviejas del Tamuja, en el término de Botija.
Las operaciones en este ámbito pueden ser inmediatas al coger 'in fraganti' al expoliador o pueden durar años. Un ejemplo de las primeras tuvo lugar el pasado mes de septiembre en las afueras de Cáceres. Allí, un policía local avisó al Seprona de un joven de 22 años con un detector de metales y herramientas para excavar. Había realizado once agujeros en la tierra y lo sorprendieron justo cuando hacía otro y metía algo en una bolsa. El valor de los daños que había causado en la zona se estimó en 12.000 euros, según la Unidad de Protección del Patrimonio Cultural de la Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura, que a menudo entra en contacto con los agentes del Seprona para evaluar el alcance de cada acción.
También interviene la casualidad, como cuando en noviembre de 2021 la Guardia Civil de Badajoz detectó una infracción de tráfico en la N-432 a la entrada de la ciudad y al inspeccionar el coche aparecieron 75 piezas metálicas –la mayoría monedas–, dos detectores de metales y herramientas para la extracción de las mismas.
Casi tres años antes, en enero de 2019, guardas rurales avisaron a la Guardia Civil porque en una finca de Fuente de Cantos había cuatro personas sospechosas al portar detectores de metales y una azada. Cuando aparecieron los agentes se ocultaron en una arboleda, pero fueron interceptados y se descubrió que se trataba de cuatro vecinos de Sevilla con antecedentes contra el Patrimonio Histórico y Cultural. Además de cuatro detectores llevaban 34 piezas que pertenecían a una antigua villa romana.
Otro caso ocurrido hace menos de diez años tuvo lugar en 2016 también en la provincia de Badajoz. La Guardia Civil ya venía observando intentos de expolio en el término de Valencia del Ventoso, cerca de Zafra. Hasta que un día sorprendieron a tres hombres, de los cuales dos se dieron a la fuga. Momentos después guardias civiles del puesto de Valencia del Ventoso identificar a los tres y les intervinieron 77 piezas arqueológicas, entre monedas romanas y medievales, alguna de ellas de plata, anillos, denarios, fíbulas, botones y otros elementos de plomo, todos ellos pertenecientes a distintas épocas.
Un caso que explica la variada casuística en este tipo de delitos es el ocurrido en 2022 en Llerena, donde la Guardia Civil recuperó un fragmento pétreo con relieve romano que tenía un vecino. Según informó la Benemérita, representa un hombre de espaldas tirando de un bóvido ensogado, una pieza que, según dijo el vecino, había descubierto de manera casual al reformar una finca de su propiedad, en las afueras de Llerena. Una vez intervenida se depositó en el Museo Arqueológico de Badajoz.
En otros casos apenas hay un aviso, denuncia o casi ninguna pista, por lo que toca tirar del hilo o esperar un descuido de quienes operan en este mercado ilegal que a menudo inspira desde clásicos de la novela negra, como 'El Corto maltés' a trepidantes películas de acción, la más conocida 'En busca del Arca perdida'.
A veces intervienen otros factores para que aflore un elemento de enorme valor cuyo sitio natural sería un museo, como la muerte del propietario de una pieza ilegal y que sus herederos decidan venderla al mejor postor, como explicó el mes pasado la directora general de Patrimonio de la Junta, Adela Rueda, al valorar la recuperación del medallón visigodo de Peraleda de la Mata.
En Extremadura fue muy sonada la Operación Cigüeña. No se juzgó hasta el año 2000, pero fue en 1993 cuando se puso en marcha un incesante rastreo por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. El objetivo fue desarticular una presunta red de tráfico ilegal de restos arqueológicos que tras meses de investigación se descubrió que tenía su centro de operaciones en Mérida. En pocos días los agentes se incautaron de 620 piezas, la mayoría de ellas de origen romano de los siglos I y II D.C. que se encontraban en domicilios y talleres de anticuarios.
Muchas de ellas fueron retalladas con el fin de que se revalorizasen en el mercado internacional y en las subastas, llegando algunas hasta la mítica sala Shoteby's, en Londres. El saldo entonces fue de cinco detenidos, de los que sólo dos, un anticuario emeritense y un ciudadano belga pasaron a disposición judicial.
Hay que saber que de las cinco grandes necrópolis visigodas que están localizadas en la región, la mitad fueron expoliadas en las últimas décadas del siglo pasado. Sucedió en El Cubillar, en Usagre y el Gatillo de Arriba, en Cáceres y después en Maguilla.
El expolio en la necrópolis del Gatillo de Arriba (Cáceres), a mediados de la década de los ochenta, pudo ser detectado porque el Museo Arqueológico Nacional compró en una subasta un lote de objetos litúrgicos que habían sido robadas en el yacimiento cacereño y a raíz de esos objetos se pudo seguir la pista para que, finalmente, acabaran en el Museo Arqueológico de Cáceres.
Esta afición daña muchos lugares que están esperando ser excavados cuando haya dinero público para ello. De hecho, en el año 2014 se dio la alerta de riesgo de expolio sobre la finca La Cocosa, a 16 kilómetros de Badajoz y propiedad de la Diputación Provincial. Su interior albergó una villa romana, como se descubrió por casualidad en 1940 cuando unos labradores buscaban piedras en la zona. Cinco años después se excavó, se delimitó, se señalaron los restos de viviendas, un complejo termal y se confirmaron vestigios de una basílica y una cripta, entre otros elementos. El mosaico del Tritón ubicado en el palacio provincial de la Diputación de Badajoz fue rescatado de este lugar, una villa que estuvo ocupada desde principios del siglo I d. C. y alcanzó su máximo esplendor en el siglo IV y que los estudiosos estimaron que fue abandonada en torno a los siglos VI y VIII.
Pero la falta de vigilancia durante muchos años en este lugar cubierto de vegetación ha propiciado que piezas de la época, como monedas, fragmentos de vasijas, mosaicos, entre otros elementos, hayan sido extraídos por personas que utilizaban detectores de metales de manera ilegal, coloquialmente llamados 'piteros'.
Estos saqueos a cuentagotas son devastadores. Los arqueólogos suelen decir que lo mejor que le puede suceder a los restos arqueológicos es que sigan enterrados, ya que extraerlos sin criterio dificulta enormemente la comprensión del tipo de vida que llevaron allí nuestros antepasados.
El uso de detectores de metales con fines de búsqueda arqueológica sin autorización se encuentra expresamente prohibido por la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, por lo que las personas que hagan uso de ellos serán denunciadas administrativamente salvo que sean constitutivas de delito.
Hay que saber además que los yacimientos arqueológicos tienen una problemática específica. Según Antonio Antón y Abajo, doctor en Derecho y profesor de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), se trata de algo que trasciende a la mera idea de «monumento». Es decir, junto a los valores inherentes al vestigio, se halla su configuración como fuente de información científica. Una mera vasija, profundamente deteriorada, hallada en una excavación ilegal, puede carecer de un valor económico intrínseco, pero es una fuente de información y conocimiento científico que puede quedar desbaratada si la excavación no se realiza conforme a los protocolos procedentes. Por eso no es lo mismo que se halle en una fortaleza militar, una vivienda o una necrópolis, extremos esenciales para extraer datos de determinadas civilizaciones.
Dan detalles de todo tipo
En base a este razonamiento, y según explicaba la directora de Patrimonio, Aurora Ruíz Mateos, en 1999 cuando se alertó de la proliferación de detectores de metales en Extremadura, «el estudio de un yacimiento arqueológico puede proporcionarnos detalles sobre la forma de vida, enfermedades, hábitos alimenticios de los pobladores, organización social... en definitiva nos puede ayudar a reconstruir nuestra historia, pero siempre que los arqueólogos encuentren el yacimiento tal como estaba; el hecho de cambiar una pieza de sitio puede dificultar enormemente el estudio».
Esta práctica de rastreo tiene muchas derivadas en la ley. Desde una perspectiva estrictamente criminológica, el expolio arqueológico, como señala el jurusta extremeño Jesús García Calderón, puede dar lugar a diferentes formas de actividades ilícitas que van desde el uso de detectores de metales y realización de prospecciones ilegales con la finalidad de apoderarse de las piezas arqueológicas, a daños en los yacimientos arqueológicos sin un específico ánimo de apoderamiento de piezas arqueológicas como consecuencia de obras para la construcción de edificios, vías de comunicación, colocación de antenas de telefonía, etc. y tenencia de objetos procedentes del expolio para el comercio ilícito, su venta a coleccionistas o blanqueo de capitales
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